La iniciativa, introducida en el Senado la semana pasada, tiene como objetivo reemplazar el régimen actual con un modelo “dinámico, eficiente, desregulado y libre”, permitiendo una mayor participación del sector privado y estimulando nuevas inversiones en bioetanol, biodiésel, biometano y combustibles sostenibles de aviación (SAF).
Un aspecto destacado de esta propuesta es el aumento en los cortes obligatorios de biocombustibles mezclados con combustibles fósiles. En concreto, se propone elevar el porcentaje de biodiésel del 7,5% al 10% y el de bioetanol del 12% al 15% en un plazo de un año tras la implementación de la ley. Además, se otorga al Poder Ejecutivo la capacidad de ajustar estos valores en función de consideraciones técnicas o de disponibilidad.
Por primera vez en la legislación argentina, se introduce el concepto de vehículos “flex fuel”, que son capaces de operar con diferentes proporciones de combustibles líquidos y biocombustibles, siguiendo ejemplos de países como Brasil.
El proyecto tiene como finalidad “regular las actividades de elaboración, almacenaje, comercialización, mezcla y autoconsumo de biocombustibles en el territorio nacional, con una vigencia de 15 años contados a partir de su aprobación”. Desde el oficialismo señalan que buscan “impulsar la transición del sector de biocombustibles hacia un mercado dinámico, eficiente, desregulado y libre, a fin de fomentar los acuerdos entre privados”.
A la par, se prevé la creación de un mercado electrónico para comercializar biocombustibles, la autorización de inyección de biometano en redes de gas natural y el fomento de combustibles sostenibles de aviación, que es un área de crecimiento a nivel internacional debido a las imposiciones ambientales y los objetivos de descarbonización del transporte aéreo.
Esta iniciativa tiene un impacto significativo en las cadenas productivas relacionadas con el maíz, la soja y la caña de azúcar, que son insumos esenciales para la producción de bioetanol y biodiésel. Se anticipa que podría beneficiar de manera particular a provincias como Córdoba, Santa Fe y Tucumán.
Adicionalmente, el proyecto redefine las categorías empresariales dentro del sector, diferenciando entre empresas integradas y no integradas, en un contexto de larga disputa entre grandes conglomerados aceiteros, empresas petroleras y pymes dedicadas a la producción de biocombustibles.
En sus fundamentos, la propuesta sostiene que el sistema regulatorio vigente ha generado distorsiones en el mercado y ha limitado las inversiones, por lo que se considera crucial avanzar hacia un marco con mayor competencia y libertad comercial. Ya existían propuestas en el Congreso relacionadas con biocombustibles, incluyendo iniciativas de la diputada de La Libertad Avanza, Lorena Villav.
