Para los expertos del área, esta situación ha generado una nueva herramienta de presión para Argentina en su histórica reclamación sobre la soberanía de las Islas Malvinas. El campo de evaluación es el proyecto petrolero offshore Sea Lion, que es desarrollado por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, frente al archipiélago. Hasta el momento, cuatro empresas de servicios petroleros han confirmado que no intervendrán en su desarrollo.
Sea Lion posee reservas certificadas de 300 millones de barriles, ha asegurado un financiamiento de 1.000 millones de dólares y su valoración de mercado se aproxima a los 3.000 millones de dólares. El proyecto prevé más de 60 pozos submarinos en dos áreas, Norte y Central, con una inversión total estimada de 3.900 millones de dólares hasta finalizar todas sus fases. La primera etapa requerirá 1.800 millones de dólares y busca alcanzar una producción máxima de entre 50.000 y 55.000 barriles diarios, siendo el primer barril esperado para marzo de 2028.
Estas cifras, en el marco de la industria petrolera global, sitúan al proyecto en una escala relativamente pequeña. Según el ingeniero Daniel Dreizzen, director de la consultora Aleph Energy y ex secretario de Planeamiento Energético, Sea Lion representa cerca del 1% de Vaca Muerta. Esta desproporción es, para el especialista, fundamental para entender el cambio en la correlación de fuerzas entre ambos proyectos.
“Sea Lion necesita tecnología, financiamiento y grandes empresas internacionales de servicios petroleros para avanzar, y muchas de esas mismas compañías ya operan o buscan expandirse en Vaca Muerta, donde el negocio disponible es 100 veces mayor”, afirmó el analista. De esta forma, esa asimetría convierte las restricciones argentinas contra las empresas involucradas en actividades hidrocarburíferas en las islas en una herramienta de presión con un peso significativo que antes no contaba.
Otro factor señalado por el especialista es el reacomodamiento geopolítico a nivel global. Estados Unidos y China están en una competencia por influencia, recursos estratégicos y seguridad energética en un mundo cada vez más fragmentado, y Washington ha intensificado su atención en el continente americano en busca de aliados confiables que disminuyan su dependencia de proveedores rivales. En este contexto, Argentina posee dos activos que antes no tenían el mismo valor combinado: su relación política con Estados Unidos y su creciente protagonismo como productor de hidrocarburos gracias a Vaca Muerta. Esta combinación, según Dreizzen, le otorga al país una posición negociadora sin precedentes respecto a un reclamo diplomático que, desde 1833, no ha mostrado avances significativos.
En los últimos días, cuatro empresas globales de servicios y equipamiento petrolero anunciaron que no participarán en proyectos relacionados con las islas. SLB, anteriormente conocida como Schlumberger y con una capitalización de mercado superior a los 85.000 millones de dólares, fue la primera en hacerlo el sábado. Más tarde se unieron Baker Hughes, que cuenta con una valoración de más de 63.000 millones de dólares, y Halliburton, cuya capitalización se aproxima a 33.000 millones de dólares. El lunes se sumó DLS Archer, una filial local de la noruega Archer con 45 años de presencia en el país, que en un comunicado aseguró que “no tiene participación alguna en el Proyecto Sea Lion” y que “no participa en actividades de exploración, producción ni en ninguna otra acción relacionada con hidrocarburos que se realice en las Islas Malvinas o en sus áreas cercanas”.
Ninguna de estas cuatro compañías tenía vínculos previos con Sea Lion. Sus comunicados se emitieron tras la firma del decreto 868/2026 por parte del presidente Javier Milei, que reglamenta la ley 26.659 y amplía su alcance a accionistas, directores y proveedores de las empresas sancionadas. Este texto habilitó un proceso sancionador contra 45 personas y empresas por actividades petroleras en las islas, y se notificó a otras 180 firmas.
El canciller Pablo Quirno resaltó los anuncios en la red social X, destacando el de Baker Hughes como “la segunda empresa de servicios petroleros más grande del mundo”. Todas las compañías que se retiraron del proyecto enfatizaron en sus comunicados su compromiso de cumplir con la legislación argentina vigente.
Además, en este marco, el Gobierno anunció un “proceso sancionatorio” contra 60 sujetos, tanto jurídicos como personas físicas, que habrían infringido las prohibiciones establecidas por el artículo 2º de la Ley N° 26.659. Simultáneamente, la Cancillería denunció penalmente a cinco empresas, incluyendo Navitas, por la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas sin la autorización del gobierno argentino.
La efectividad de las restricciones argentinas como herramienta de presión dependerá, en última instancia, de que Sea Lion se mantenga como un proyecto rentable para sus operadores e inversores. Si los costos y la volatilidad del mercado minan esa rentabilidad, el interés de Navitas y Rockhopper por continuar con el desarrollo, y por ende la capacidad de Argentina para presionar, podría verse debilitado.
Perforar un pozo offshore como los necesarios para Sea Lion tiene un costo que oscila entre 70 y 140 millones de dólares, mientras que en Vaca Muerta se estima en un rango de entre 10 y 20 millones de dólares, creando así una diferencia que puede ser 14 veces mayor. El economista Daniel Montamat, ex secretario de Energía y ex presidente de YPF, explicó que esa brecha, junto con la volatilidad del precio internacional del petróleo, podría hacer que la explotación en una zona alejada y en conflicto territorial no resulte rentable. Ante ello, Dreizzen indicó que “a 80 dólares por barril, Vaca Muerta se mantiene atractiva para el capital”, aunque advirtió que si el precio se acerca a 65 dólares, “ese valor roza el breakeven”.
La salida de SLB, Halliburton, Baker Hughes y DLS Archer no impide que Navitas continúe con su cronograma. La compañía y Rockhopper informaron que las sanciones argentinas no cambiarán los plazos establecidos, y que el primer barril sigue proyectado para marzo de 2028. De los cuatro contratos comerciales que Navitas firmó para iniciar la primera etapa del proyecto, solo uno tiene como contraparte una empresa pública identificada, que es la neerlandesa Bluewater Energy Services, proveedora del buque de producción que operará en el yacimiento.
La conclusión de Dreizzen se puede resumir en una idea: los hechos económicos también pueden generar hechos políticos. La convergencia entre el avance de Sea Lion, la magnitud de Vaca Muerta y el reacomodamiento geopolítico en torno a la energía configura, según el especialista, un escenario sin precedentes para una reclamación diplomática que ya lleva más de un siglo y medio sin resolución. Falta observar si esta ventana se traduce en resultados concretos o si se mantiene como una mera interpretación coyuntural frente a un proyecto que, a pesar de la retirada de sus principales proveedores potenciales, sigue avanzando.
