“Las tasas de interés son altas y esas tasas de interés altas inducen a la mora porque son impagables en términos reales para muchos”. Esta afirmación resonó en Puerto Iguazú durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y dentro del sistema bancario. La pronunció el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning. La morosidad ha pasado de ser un mero dato técnico en los balances bancarios a convertirse en un serio desafío político. El incremento en los atrasos en préstamos personales, tarjetas de crédito y financiamiento al consumo encendió las alarmas entre el Gobierno, las provincias y las entidades financieras. La discusión no se limita a cuántas familias están incumpliendo, sino que se centra en quién debe asumir el costo de regularizar esas deudas: los bancos, los deudores, los gobiernos provinciales o el Estado nacional. La postura oficial refleja preocupación y distancia. Dentro del equipo económico hay consenso en que el aumento de la morosidad es un resultado esperado de la transición macroeconómica: salarios que aún no se recuperan, tasas reales positivas, una caída anterior en el consumo y familias que se han visto obligadas a recurrir al crédito para llegar a fin de mes. Sin embargo, el Gobierno se opone a la idea de un rescate generalizado, temiendo que tal medida pueda deteriorar la cultura de pago y complicar la reactivación del crédito. “Es un problema entre privados”, insisten desde el Gobierno. El inconveniente radica en que la morosidad también afecta a la actividad económica. A medida que crecen los atrasos, los bancos se tornan más exigentes al otorgar nuevos préstamos, lo que limita la recuperación del consumo. Aunque el Gobierno prefiere evitar una intervención directa, la presión social y política aumentan a medida que más hogares son excluidos del sistema financiero formal. Actualmente, según información del Banco Central, los morosos ascienden a aproximadamente 6 millones de personas. Desde las entidades financieras, la preocupación es doble. La morosidad las obliga a aumentar sus previsiones y reduce su rentabilidad. Además, los bancos temen que las iniciativas de refinanciación forzada, los límites a las tasas o las condonaciones parciales puedan encarecer el crédito futuro o incluso cerrarlo para los segmentos de mayor riesgo. Desde el Gobierno se sostiene que, aunque los bancos han reducido las tasas para las empresas, no han hecho lo mismo con los hogares, cuyo decremento es apenas de una cuarta parte desde el máximo electoral (2025) y se mantienen en niveles altos. Este debate es especialmente sensible, dado que el crédito argentino es limitado en comparación con otros países de la región. En este contexto, cualquier medida que desincentive la oferta impacta sobre una base ya reducida. Ante la falta de una respuesta nacional coherente, varias provincias y bancos públicos han impulsado programas de desendeudamiento y refinanciación, buscando ofrecer plazos más amplios y tasas más bajas para que las familias regularicen sus obligaciones y puedan nuevamente acceder a créditos. Entre los actores involucrados en estas soluciones se destacan la Ciudad de Buenos Aires, el Banco Provincia y el Banco Nación, cada uno con sus propias condiciones y límites. No obstante, esas iniciativas también revelan la tensión política subyacente. Para los bancos, los planes pueden ayudar a ordenar carteras deterioradas, siempre que sean voluntarios y sostenibles. En cambio, el Gobierno nacional teme que esta agenda pueda derivar en una competencia de alivios que presione las cuentas públicas o debilite los incentivos para el pago. Para los deudores, la urgencia es más clara: reducir una cuota que se ha tornado impagable antes de quedar definitivamente excluidos del sistema. Detrás de esta lucha coyuntural se esconde una discusión más profunda sobre qué tipo de sistema financiero necesita Argentina para crecer. Si el crédito se expande rápidamente sobre ingresos frágiles, la morosidad se convierte en un límite. Por el contrario, si los bancos endurecen excesivamente sus condiciones, la economía pierde una herramienta clave para sostener el consumo, la inversión y el capital de trabajo. Encontrar un equilibrio es complicado: evitar un rescate generalizado mientras se impide que millones de personas queden atrapadas entre tasas altas, atrasos salariales y exclusión financiera. Por lo tanto, la morosidad se ha convertido en una batalla entre la responsabilidad fiscal, la rentabilidad bancaria y el alivio social. El Gobierno no desea ser visto como el que rescata a deudores ni a bancos; las entidades no quieren cargar solas con el deterioro de sus carteras; y los deudores morosos buscan una solución antes de que la deuda se convierta en una carga permanente. En esta tensión se decide gran parte de la recuperación del crédito en Argentina. En el IAEF, otra frase resonó: “Deberían absorber el costo de refinanciar a las familias”, dijo Werning, dirigiéndose a los bancos y billeteras virtuales.
La deuda impagable: el enfrentamiento entre bancos, el Gobierno y los hogares
