Uno de los cambios más significativos es la eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer en el corretaje, lo que actualmente actúa como un obstáculo para ingresar al mercado. Esto implicaría también la eliminación de la necesidad de contar con un título universitario, así como libertad para determinar honorarios, eliminando la obligación de establecer aranceles mínimos o máximos. Esta medida reduciría ostensiblemente las facultades de los colegios profesionales.
Además, se prevé incorporar el uso de tecnología en el sector, permitiendo la operación a través de plataformas digitales y eliminando restricciones geográficas. Esto facilitaría que tanto personas físicas como jurídicas puedan ofrecer el servicio desde cualquier provincia, sin necesidad de reinscripciones locales. Se fomentarán así nuevos modelos de negocio aprovechando herramientas como Inteligencia Artificial, recorridos virtuales y firmas electrónicas.
La finalidad de estas modificaciones es disminuir los costos de las transacciones inmobiliarias, aumentar la competencia y facilitar la entrada de nuevos actores, como anticipó Sturzenegger en un evento organizado en la Universidad Católica Argentina (UCA).
En su exposición, Sturzenegger expresó su desaprobación hacia la colegiación obligatoria, argumentando que los colegios “usan el poder del Estado para fijar condiciones” y califica la imposición de un precio mínimo como “una aberración social”.
Este debate enfrenta dos concepciones del negocio inmobiliario: una que aboga por una mayor competencia y menos regulaciones, y otra que defiende la necesidad de mantener la colegiación obligatoria para garantizar la seguridad jurídica de quienes compran o venden propiedades.
Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios, sostuvo que “hoy se limita la competencia”, explicando que actualmente se impide a las personas con formación comercial prestar servicios si no pertenecen al sector. Según él, la tecnología proporciona herramientas para la evaluación y trazabilidad que son autorreguladas y más eficaces que el modelo vigente.
Sebastián Sosa, presidente y cofundador de una importante red de corretaje en Argentina y Uruguay, manifestó la necesidad de debatir el valor que aportan los colegios profesionales. Resaltó que si la ley busca abrir esa conversación, el diálogo es bienvenido. Opinó que cualquier medida que intente modernizar y simplificar procesos merece consideración, con el objetivo de generar un mercado más dinámico y accesible, sin comprometer la confianza ni la calidad del servicio.
Sin embargo, los profesionales del sector critican el proyecto. Una de las cámaras inmobiliarias ha expresado su rechazo a la iniciativa y promueve la creación de un Registro Nacional Único de Corredores Inmobiliarios y Asistentes, que unifique criterios en todo el país y fortalezca la seguridad jurídica.
Nancy Vieitez, directora de una inmobiliaria y presidenta de la cámara, señaló la gravedad de la situación argumentando que “no es cualquier actividad: está en juego el patrimonio de las familias”. Indicó que el corredor matriculado no solo asesora, sino que además tiene obligaciones ante la Unidad de Información Financiera, como identificar a las partes y verificar la procedencia de los fondos, lo cual es esencial para la transparencia.
Ella también cuestionó: “Si cualquiera puede intermediar, ¿quién asume esas obligaciones ante la UIF? ¿Quién responde por los controles y las irregularidades que pueden detectarse? La matrícula no representa un costo para el Estado, se sostiene con los aportes de los profesionales. La mayoría de las transacciones, más del 98%, se realiza con la ayuda de un corredor”.
Marta Liotto, presidenta del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios y del Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, coincidió en que la discusión no debe plantearse en términos de regulación o libertad, sino de profesionalismo versus improvisación.
Liotto advirtió que “desregular abre la puerta a los riesgos que implica operar sin controles con intermediarios no calificados, prácticas abusivas, fraudes y desprotección”, afirmando que la matrícula no es un privilegio sectorial, sino una garantía de formación específica y responsabilidad que protege los ahorros e inversiones de las personas.
