Durante las mesas sectoriales de maíz y trigo, los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo, dirigidos por Luis Basterra y Matías Kulfas, respectivamente, plantearon la posibilidad de facilitar el acceso al crédito para pequeños y medianos productores. Esto se haría a través de garantías totales o parciales a créditos ofrecidos por entidades financieras, para aquellos que requieren trigo y maíz en el mercado local, utilizados como insumos para la cría de ganado o la elaboración de productos alimenticios.
Los créditos que se proporcionarían a través de bancos públicos y privados estarían garantizados por el Fondo de Garantías Argentino (Fogar), permitiendo que los productores eviten trasladar a los precios finales posibles aumentos en sus costos de producción, otorgándoles así mayor flexibilidad para afrontar esta situación.
La propuesta está especialmente orientada a los criadores de ganado y a los molinos de trigo, como medida para contener el aumento de precios en carne y pan.
Además, el Gobierno solicita a cada sector un análisis exhaustivo de la demanda de granos, con el objetivo de colaborar con los productores primarios para garantizar precios y cantidades. La industria avícola ha informado que ha superado las dificultades inmediatas, mientras que los molinos consideran que podrán afrontar la situación en breve.
Una medida adicional en evaluación, que aún está en proceso de maduración, es la posibilidad de extender las operaciones de cobertura a través del Rofex, con el fin de asegurar volúmenes anuales y precios más bajos.
Los representantes del sector agropecuario en la Mesa del Maíz y la Mesa del Trigo han propuesto al Gobierno la creación de un “fondo anticíclico alimentario”. Este fondo utilizaría una parte de los ingresos adicionales que el Tesoro se espera recaude este año debido a la inesperada subida de los precios internacionales de las materias primas, para crear un colchón que permita “desacoplar” los precios internos, un objetivo que el Gobierno persigue para evitar que los aumentos internacionales impacten en el mercado local.
Según las estimaciones de los interesados en que esta medida prospere, el Gobierno había proyectado que la recaudación por derechos de exportación alcanzaría aproximadamente $ 5835 millones este año, pero con los precios actuales, esta cifra podría sobrepasarse considerablemente, permitiendo al Estado ingresar más de $ 8000 millones. El sector agropecuario espera que parte de los más de $ 2200 millones se reinvierta en la actividad, aunque se prevé que dicho superávit también financie parte de la demanda de insumos importados en la industria.
Recientemente se ha informado que el Gobierno evita, por el momento, incrementar las retenciones a los granos, buscando no tensar las relaciones con el sector agropecuario, lo que podría comprometer una agenda de trabajo que va más allá de la coyuntura actual.
Sin embargo, la problemática de la inflación en alimentos preocupa a más de un funcionario, especialmente después de que se conociera que la canasta básica alimentaria -que mide el umbral de la indigencia- superara en más de 10 puntos la inflación del 2020, alcanzando un incremento del 45,5%. En un año electoral, con los ingresos afectados por la inflación, se pueden prever medidas contundentes.
El jueves pasado, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, participó de una reunión del gabinete económico para informar sobre el impacto de la suba de precios a nivel internacional y las acciones que se están llevando a cabo desde el Gobierno con la cadena agroalimentaria para garantizar precios “razonables para la población”. El ministro aseveró que “se están identificando los instrumentos para lograr un desacople de los precios” y que el Gobierno trabaja para que las futuras acciones se implementen “con el consenso de todos los actores”.
