“Eso fue recurrido por el CIN y actualmente tanto eso como la cautelar están hoy en la cámara. Salió la aceptación en queja de la apelación en Cámara de la cautelar, con lo cual el ejecutivo está a derecho, como ha estado siempre”, añadió, mientras los diputados libertarios aplaudían.
En un contexto de confrontación fiscal con las universidades, la administración libertaria celebró una reciente decisión judicial que, aunque no aborda la cuestión fundamental, le otorga respaldo. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal accedió a dos recursos del Estado, habilitando la revisión de decisiones del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 que exigían al Gobierno cumplir con la actualización de salarios y becas, tal como lo dictaba la cautelar, e imponía una multa al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por no haberlo hecho.
La Cámara ahora deberá determinar si ratificará ese fallo, que fue firmado por los jueces José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán.
Álvarez, durante su intervención, desafió a los opositores: “Hay muchos dirigentes que tienen la denuncia fácil. Yo los estoy esperando, yo no tengo ninguna notificación”. Estas palabras siguieron a la presentación del secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien centró su exposición en la política educativa, subrayando la necesidad de un gasto eficiente en el sistema universitario. En un momento clave en el debate sobre financiamiento y a pocos días de la Quinta Marcha Federal Universitaria, ambos funcionarios defendieron su postura presupuestaria y criticaron la gestión de los rectores.
Torrendell había puesto en tela de juicio la administración de recursos en las universidades y las cifras de matrícula, señalando que el costo fiscal por cada graduado ronda los $80 millones. Álvarez, a su vez, indicó que no era aceptable que aún se reclamara la rendición de gastos desde 2015, detallando las deudas acumuladas en este aspecto. “Al lado de Andis, un vuelto”, bromeó el diputado Esteban Paulón, de Provincias Unidas.
También cuestionó los $11 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó para el próximo año, sumando casi un 50% más de lo que contempla el proyecto oficial de presupuesto 2027, que prevé transferencias por $7,7 billones. “La única respuesta es que quieren todos los aumentos que piden los sindicatos. No hay un pedido de edificación; no hay una sola carrera nueva. Piden más salario, por encima de lo que ya el Estado ha asignado. Los profesores universitarios, así como el personal docente y no docente, están por encima de los sueldos del Estado nacional, lo cual representa un privilegio”, expuso.
Según un informe reciente de la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), los salarios universitarios han acumulado una pérdida real del 24,3% desde noviembre de 2023, requiriendo un aumento del 32% para recuperar el poder adquisitivo y ajustarse a la Ley de Financiamiento Universitario.
“¿De qué desguace estamos hablando? Terminemos con la mentira”, sostuvo Álvarez, instando a los opositores a especificar qué universidad ha cerrado. “No hay un solo gasto que esté desfinanciado. El gobierno jamás se atrasó un solo día en el depósito de salarios, en la asignación de fondos, en la transferencia de gastos”, enfatizó. Sin embargo, previamente había señalado que los fondos de los hospitales universitarios estaban asignados, aunque no ejecutados.
Álvarez instó a reflexionar sobre las formas de protesta, criticando la ocupación de la Secretaría de Educación por parte de estudiantes universitarios. “Voy a escuchar todas las horas que quieran porque prefiero eso a que lleven a los estudiantes a tirar piedras y tomar edificios. Si de verdad defienden la educación, háganlo con el ejemplo. El peor ejemplo es ver a un diputado saltar un edificio. Les pido que dejen de fomentar la violencia, que dejen de romper todo y que enseñen a los alumnos a pedir una reunión por la mesa de entrada, como todo el mundo”, manifestó.
Finalmente, añadió: “Teníamos dos o tres días de paro combinados con dos o tres días de feriado. Esa es la gente que nos dice a nosotros que queremos cerrar las universidades”.
