Documentación relacionada con el concurso preventivo de la firma sugiere que los fondos fueron enviados a una sociedad cuyos dueños formaban parte, al mismo tiempo, de la administración de Frigorífico General Pico.
Este asunto cobra relevancia en medio de la crisis financiera de la compañía y está en el marco de una investigación sobre las decisiones tomadas por la gestión anterior, que requería recursos para adquirir hacienda, mantener la producción, pagar salarios y cumplir con compromisos. Mientras tanto, los proveedores ofrecían plazos extendidos de pago, las entidades bancarias mantenían líneas de crédito, y los acreedores esperaban el pago de sus obligaciones, a pesar de que aproximadamente $16.500 millones fueron dirigidos al financiamiento de LDL, empresa que tiene vínculos directos con los administradores del frigorífico.
Esta situación genera interrogantes sobre las condiciones de tales transacciones, su posible beneficio para Frigorífico General Pico y la existencia de un potencial conflicto de intereses, dado que los administradores de la empresa tenían, al mismo tiempo, intereses económicos en la sociedad que recibió el financiamiento.
La complejidad de esta situación se enmarca dentro del concurso preventivo que se tramita ante el juez Carlos María Iglesias, a la vez que la designación de nuevas autoridades elegidas por la Asamblea de accionistas aún está pendiente.
Cabe destacar que en julio, la familia Lowenstein transfirió la totalidad de su participación en Frigorífico General Pico a un tercero, y solo 14 días después, Alan Lowenstein solicitó su propio concurso preventivo.
Luego, la Asamblea de Frigorífico General Pico desaprobó el balance correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025, así como también la gestión del Directorio anterior y una distribución de aproximadamente $2.000 millones en honorarios.
Paralelamente, la gestión anterior enfrenta una investigación penal por presunta administración fraudulenta y falsificación de balances; hasta el momento, se han recibido declaraciones y llevado a cabo un allanamiento en la planta de Trenel, La Pampa, donde se incautó documentación para investigar las operaciones de la firma.
Los movimientos económicos relacionados con sociedades vinculadas se tornan cruciales para aclarar el destino de los recursos de Frigorífico General Pico en el periodo previo a la presentación de su concurso, así como para reconstruir las decisiones tomadas por sus administradores de aquel entonces.
La investigación penal avanza en paralelo a la controversia sobre la gestión de la empresa. La última Asamblea de accionistas decidió destituir a las autoridades anteriores y nombrar una nueva administración con el fin de reactivar la actividad y preservar los puestos de trabajo.
Según la información del expediente, el juez Iglesias estaba al tanto de la convocatoria y el orden del día de la Asamblea, que incluyó la presencia de un veedor designado para el concurso, dos inspectores de Personas Jurídicas de La Pampa y un escribano público.
A pesar de la designación de nuevas autoridades, esta administración aún no ha podido asumir el control efectivo de Frigorífico General Pico. El caso entra en una etapa crucial: mientras la Justicia investiga la gestión anterior y revisa la documentación incautada, la disputa en el ámbito concursal sobre el control de la empresa permanece abierta. En este contexto, los $16.500 millones destinados al financiamiento de LDL se destacan como uno de los movimientos económicos más relevantes para esclarecer el estado patrimonial de Frigorífico General Pico durante el periodo de profundización de su endeudamiento que llevó a la firma a solicitar un concurso preventivo.
