El fallo del máximo Tribunal se hizo público el martes pasadas las 16, justo una hora después de que los principales delegados políticos del Gobierno se reunieran en la Casa Rosada. “¿Qué dice el fallo? ¿Me lo pasás que no lo encuentro? (…) Está vigente la derogación de la Ley de Tierras”, manifestó uno de los estrategas políticos de la administración.
Por el momento, el Gobierno ha decidido optar por el silencio. Esta decisión resulta incómoda, dado que la administración ha abogado por el fortalecimiento de los reclamos políticos, diplomáticos, legislativos y judiciales en favor de la soberanía de Malvinas.
La resolución del Tribunal coincidió con el primer día del Presidente en París, donde se dirige para participar de la Argentina Week. A pesar de su viaje, el mandatario no se desconectó completamente y utilizó su tiempo en el avión presidencial para realizar críticas en redes sociales a periodistas. Sin embargo, no se pronunció sobre el fallo de la Corte, posiblemente por la contundencia de los argumentos en su contra.
La temática malvinera, intensificada por la identificación de la bandera y el éxito frente a Inglaterra en el Mundial, llevó a que varios sectores de la sociedad civil se manifestaran en contra de la modificación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, propuesta por el Gobierno. Finalmente, el oficialismo debió retirar esa sección ante la resistencia de sus aliados.
“El fallo perjudica más de lo que beneficia. Vuelve a meter al Gobierno en una controversia que ya le había impactado negativamente. Esto no aporta nada positivo y pone en riesgo lo que queda del decreto 70, pues se intentará su anulación en Diputados”, argumentan colaboradores cercanos a Santiago Caputo, encargado de la estrategia de reclamo por Malvinas, que le permitió al Gobierno fomentar una nueva agenda con apoyos multifacéticos en el Congreso.
Desde el palacio gubernamental, algunos preferirían que el Tribunal hubiera fallado a favor en el tema de los fondos universitarios, otra batalla emblemática donde la Justicia se pronunció en beneficio de los rectores. “Si se tratara de un fallo sobre el tema universitario, podría decir que me genera complicaciones, pero a la vez me salva el equilibrio fiscal. En este caso, no hay nada de eso”, confió un funcionario.
El Ejecutivo busca acelerar la discusión del presupuesto en el Congreso antes de la llegada del Papa, convirtiéndose en el foco de conversación entre Diego Santilli y los gobernadores que lo visitan. Antes de esto, el oficialismo intenta también gestionar el tema de la discapacidad.
Por otro lado, el jefe de Gabinete expresó su descontento porque los líderes políticos del oficialismo no defendieron los supuestos beneficios de la extranjerización de tierras, algo que él tampoco hizo.
Desde la Corte indicaron que no se pronunció sobre el fondo del asunto -la inconstitucionalidad de la derogación-, sino sobre la legitimidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) como representante de un interés colectivo para solicitar el amparo.
El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, coincidió el mismo martes con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en la jura de Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway como nuevos jueces en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Desde el Ministerio de Justicia, que logró completar vacantes de 166 jueces y fiscales, no se había informado previamente a Balcarce 50.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, instigador del proyecto de Tierras y autor del Mega-DNU, actualmente en peligro, no realizó declaraciones. Tampoco el canciller Pablo Quirno, quien había afirmado públicamente que los cambios en la ley de Tierras impulsados en el Senado hubieran permitido a un extranjero comprar una provincia entera.
Con el tema ya digerido, los principales referentes del oficialismo han decidido no abordar públicamente la situación. “La estrategia es no opinar, porque fue rechazado en Senadores. Vamos a dejar que el asunto se acomode solo y no generar ruido”, confirmaron algunas de las principales figuras del Gobierno ante la consulta.
Senadores y diputados del peronismo y la izquierda, como Eduardo de Pedro, Juliana Di Tulio, Martín Soria, Myriam Bregman y Esteban Paulon, han manifestado que no dejarán pasar este tema. Un diputado socialista ha solicitado la convocatoria a una sesión especial para derogar el DNU 70/23. Axel Kicillof también se ha sumado a las críticas, mientras que la oposición planea una nueva movilización.
