En nuestro país existen actualmente dos investigaciones que siguen su camino. Una de ellas se encuentra en el Juzgado Federal de San Isidro, mientras que la otra está en manos de la justicia ordinaria de Concordia. La Corte estableció recientemente que ambas causas deberán continuar hasta que se logre un punto de confluencia.
En el expediente de San Isidro, que es llevado adelante por la jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez, se habían producido algunos avances hasta principios de este año. En contraste, en el Juzgado de Garantías de Concordia no se han registrado movimientos significativos en más de un año.
Desde un punto de vista formal, la Justicia no tiene la capacidad de avanzar con la imputación ni la indagatoria en contra del exlegislador hasta que se complete su extradición. Sin embargo, está claramente definido que tan pronto como Kueider cruce la frontera, será conducido a una celda.
La solicitud para la extradición de Kueider a Paraguay fue presentada por Arroyo Salgado. La respuesta del país vecino fue un «aplazamiento de entrega», lo que implica que el exlegislador deberá terminar de rendir cuentas ante la Justicia paraguaya antes de ser enviado de regreso a Argentina. En Asunción, Kueider enfrenta una condena por tentativa de contrabando, la cual está en proceso de apelación, además de un nuevo expediente por lavado de activos. Por lo tanto, hasta que no se resuelvan estos casos, permanecerá en Paraguay.
Desde la Justicia Federal se aclaró que no es posible indagar al exsenador a distancia, por ejemplo, a través de videoconferencia. “Los tratados no lo permiten. Sin reglas claras, cualquier acto procesal podría ser anulado. Además, existe un riesgo mayor: si se lo indaga a distancia, Paraguay podría considerar cumplido el objetivo de la extradición y cerrar esa vía de manera definitiva. La jurisprudencia argentina es casi unánime: un juez no puede interactuar procesalmente con un prófugo”, explicaron fuentes judiciales.
Los Tribunales de San Isidro han rechazado en dos ocasiones los pedidos de eximición de prisión presentados por los abogados de Kueider. La Cámara ratificó las decisiones en ambos casos, lo cual implica que “en cuanto pise suelo argentino quedará detenido”, anticiparon fuentes de la Justicia Federal de San Martín. El probable destino para Kueider sería la cárcel de Ezeiza, donde han sido recluidos otros imputados vinculados a la investigación.
La causa contra los presuntos cómplices de Kueider fue elevada a juicio por el Juzgado de San Isidro hace seis meses, pero ese avance parece haber quedado estancado. Fuentes de la Justicia Federal indicaron que, por sorteo, el expediente recayó en marzo en el Tribunal Oral Federal 5. Sin embargo, seis meses después, no ha habido novedades, no se han registrado avances y tampoco se ha fijado fecha para las audiencias.
Las acusaciones se extienden hacia socios y colaboradores cercanos al exlegislador por Entre Ríos. Los principales involucrados son Daniel González, apodado “Gonzalito” o “Pajarito”, y su primo, Javier Rubel. Ambos fueron parte de Betail SA, una empresa considerada por la Justicia como «fachada», a través de la cual se adquirieron departamentos en un edificio de lujo en la capital entrerriana.
En un segundo nivel se encuentran el contador de Kueider, José Carlos Noguera, su esposa Gabriela Saint Pierre, y la empleada del estudio contable Débora Ferreyra. Además, se incluye a Adriana Crucitta, pareja de González.
Asimismo, la acusación se dirige contra cinco sociedades: Lectus SA, Felsir Biotecnológica SRL, Vijusa SA, Nopor Service SA y Vía SNP Logística.
El Tribunal Oral Federal 5 estaba compuesto hasta junio por la jueza Maria Claudia Morgese Martin y dos subrogantes, Silvina Mayorga y Walter Venditti. A mediados de año, estos últimos fueron reemplazados por los nuevos titulares, Javier Matías Arzubi Calvo y Juan Manuel Gaset Maisonave.
En los pasillos de los Tribunales de San Martín se comenta que Arzubi Calvo solicitó copias simples del expediente Securitas, del cual se desprende una parte de la investigación relacionada con el exsenador en esa jurisdicción. Este caso examina el presunto pago de sobornos que la empresa de seguridad habría realizado a entidades públicas, entre ellas la empresa estatal eléctrica entrerriana, Enersa. Kueider representó los intereses del Estado en dicha firma durante su gestión como secretario General de la Gobernación, en el período 2015-2019.
En la sede judicial federal de calle Ballester se comenta que la intención de Arzubi Calvo es evaluar si esa jurisdicción tiene o no competencia en el caso Securitas. Es importante destacar que dos instancias superiores, las Cámaras de Apelaciones de San Martín y la de Casación Penal, han confirmado la competencia del Tribunal de Arroyo Salgado tanto en este expediente como en la investigación relacionada con Kueider.
En un periodo de dos años, los Tribunales de Asunción han condenado a Kueider junto a su pareja, Iara Guinsel, por tentativa de contrabando. A él se le impuso una pena de dos años y a ella de un año y diez meses.
En el transcurso de esa misma causa, las autoridades confiscaron los 200 mil dólares que intentó llevar a través de la frontera y el vehículo Chevrolet Trailblazer en el que se desplazaba. El dinero ya se encuentra depositado en una cuenta del Estado paraguayo. El vehículo será subastado antes de que finalice el año, y el producido de esa venta también se destinará al gobierno.
Por otro lado, se ha abierto una investigación por lavado de activos en su contra. A raíz de esto, se han embargado seis departamentos y sus cocheras en un edificio de lujo en Asunción. Por orden de la Fiscalía, se están analizando los teléfonos y dispositivos electrónicos que fueron incautados a Kueider, Guinsel y dos presuntos testaferros. De estos análisis podrían surgir hallazgos que compliquen aún más la situación del exrepresentante de Entre Ríos en el Congreso.
