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Etiquetas de terrorismo a quienes se oponen a las políticas del gobierno

30 septiembre, 2026
in Política
Etiquetas de terrorismo a quienes se oponen a las políticas del gobierno
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El 11 de febrero de 2026, el Congreso aprobó una reforma que anuló 200 años de derechos laborales que habían sido conquistados a través de la sanción de la Ley de Reforma Laboral. En esa jornada, una multitudinaria movilización se llevó a cabo en la Plaza del Congreso, con la participación de diferentes centrales sindicales y cientos de gremios que manifestaron su rechazo a la medida. Pocos días después de la protesta, varios ciudadanos fueron “identificados” utilizando sistemas de ciberpatrullaje y reconocimiento facial, herramientas cuya eficacia ha sido puesta en duda. Como resultado, algunos de estos manifestantes fueron detenidos, acusados de delitos graves por su participación en la movilización. Desde mediados de febrero, dos de ellos, Eneas Germán Gallo Salomone Croft y Milton Iván Tolomeo, de 39 años, se encuentran recluidos en la prisión federal de Marcos Paz. Este último fue ingresado en el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGGPLAR), el cual está destinado a individuos considerados terroristas de gran peligrosidad. Así lo ha señalado el presidente Milei, quien afirmó perseguir a quienes definen como terroristas y ha expuesto que se han expulsado a 30 mil del país.

“Lo que más deseo es volver a casa para estar con mi pareja, mi hija, mi gato, y recuperar la vida normal que tenía antes de que todo esto me hicieran padecer, castigándome solo por no obedecer lo que ellos quieren. Quiero que se respete al que piensa distinto, al que tiene otra visión”, expresó Milton Tolomeo desde su celda. Al mencionar a sus seres queridos, su voz se quiebra. Este masajista ha estado recluido durante siete meses y ha soportado un régimen extremadamente estricto: aislamiento absoluto, sin visitas de familiares ni defensores, y apenas una o dos horas de recreo al día, bajo la vigilancia de personal del Servicio Penitenciario Federal que lleva balaclavas.

“Después de un mes, logramos que lo trasladaran de esa situación extrema a un pabellón común. A ambos se les acusa de tenencia de material incendiario, atentado y resistencia a la autoridad, así como intimidación pública, siendo Eneas un coautor. Además, Oscar Rubén ‘Homero’ Aguirre y Néstor Gabriel Barrera son considerados partícipes”, explicó la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), liderada por la abogada María del Carmen Verdú.

Para agravar la situación, el fiscal federal Carlos Stornelli ha solicitado que se aplique el agravante contemplado en el artículo 41 quinquies del Código Penal, el cual dispone la duplicación de penas si el hecho se ejecuta “para aterrorizar a la población u obligar a autoridades públicas, gobiernos extranjeros o agentes internacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Este artículo fue incorporado al Código Penal en 2011, a raíz de las “leyes antiterroristas” que se establecieron bajo la presión del GAFI y otros organismos internacionales de control financiero. “Esta circunstancia agravante es transversal a todo el Código Penal y automáticamente duplica la escala penal sin considerar el criterio de proporcionalidad de la pena”, indicaron fuentes de Correpi y de la Gremial. “Tanto al momento de su sanción durante la presidencia de Cristina Fernández como ante la posterior reforma de Javier Milei, advertimos que se trata de una norma peligrosa, llena de ambigüedades y con términos abiertos a interpretación, como ‘aterrorizar a la población’, cuyo significado recaerá en la discrecionalidad de jueces y fiscales”, añadieron.

“Me parece una locura que cualquiera pueda declarar libremente que alguien es terrorista; a mi entender, el terrorismo provino del Estado”, reflexiona Tolomeo sobre las declaraciones de Milei.

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