El plan contempla tres grupos de empleados:
Para aquellos de entre 58 y 63 años que no cuenten con los aportes suficientes para jubilarse, se ofrecerá el 60% del sueldo durante tres años.
Un segundo grupo, que incluye a empleados de la misma franja etaria pero que sí tienen los aportes adecuados, recibirá una compensación mensual equivalente a un año de sueldo por cada año trabajado.
El tercer grupo está conformado por mujeres de hasta 57 años y hombres hasta 62, quienes obtendrán una remuneración equivalente a un año de salario por cada año trabajado, con un límite general de veinte salarios.
Además, se establece que el empleado que decida acogerse a este plan no podrá regresar a la administración pública durante un período de ocho años.
“El programa no tiene una meta predeterminada de retiros. No buscamos alcanzar una cantidad determinada de desvinculaciones, sino seguir adecuando las dotaciones del Estado a las funciones que efectivamente necesita cumplir”, indicó el ministerio que dirige Sturzenegger. También señalaron que el plan “es una herramienta para aquellos organismos con estructuras sobredimensionadas, funciones duplicadas o puestos obsoletos”.
Cada retiro dependerá de la decisión voluntaria del trabajador y de la aprobación del Estado, que evaluará las solicitudes conforme a las necesidades de cada organismo. Además, se ofrecerá un espacio de consultas con el área de recursos humanos para que cada empleado pueda evacuar sus dudas.
Sturzenegger enfatizó la búsqueda de reducir el gasto público para disminuir impuestos, señalando que el impedimento de regresar a la función pública busca evitar una “puerta giratoria”, aunque no descartó la posibilidad de reingresar bajo la condición de devolver el dinero percibido.
A diferencia de lo que ocurrió en los dos primeros años de administración, donde los recortes se focalizaron en el sector centralizado de la administración pública, a partir de 2026 el plan se dirigirá hacia organismos descentralizados. Según el último informe del Indec, al 31 de agosto, la plantilla de la administración pública nacional, incluidas empresas y sociedades, era de 269.025 personas, lo que representa una disminución del 5,8% en comparación con el mismo mes del año anterior y del 0,5% en relación con el mes anterior.
Desde el sindicato estatal ATE se han manifestado críticas hacia este plan, reiterando posturas expresadas antes del decreto, y anunciaron protestas frente a la residencia presidencial de Olivos. “No es un retiro voluntario, es un despido extorsivo.
No hay opción real cuando la alternativa es firmar o quedarse en la calle sin trabajo y sin obra social”, afirmó el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
“Este plan será enfrentado con medidas de acción directa. No podemos permitir que se desmantele el Estado y pierda su recurso humano más valioso, con trayectoria y experiencia”, agregó el sindicalista, quien confirmó que la movilización hacia la residencia presidencial se llevará a cabo el próximo miércoles a las 17 horas, mientras el Presidente esté en su giras programada por España que inicia esta noche.
