La administración actual ha declarado como secreto militar las operaciones contractuales destinadas a la adquisición de equipamiento para las Fuerzas Armadas.
Esta disposición fue establecida a través del Decreto 1205/2026, que fue publicado recientemente en el Boletín Oficial y que autoriza al Ministerio de Defensa a llevar a cabo el proceso, eximiendo a estas actuaciones de las normativas sobre publicidad y difusión.
La norma, que cuenta con la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Carlos Presti, se refiere específicamente a las adquisiciones registradas en un expediente del ministerio.
No obstante, el texto no detalla cuáles son los materiales o equipos que se adquirirán ni el alcance de dichas operaciones. Según los fundamentos del decreto, el Ministerio de Defensa ha identificado un proceso de compra cuya información debe ser restringida a personas autorizadas.
La justificación oficial para esta medida es que la divulgación de detalles sobre la naturaleza, características y finalidad del equipamiento podría poner en riesgo la seguridad nacional y los medios de defensa del Estado.
El decreto se apoya en las leyes de Defensa Nacional y de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, así como en la normativa que regula el secreto militar, que incluye entre sus disposiciones las adquisiciones de material y las negociaciones relacionadas.
En su primera cláusula, la norma establece como secreto militar las operaciones contractuales necesarias para llevar a cabo las adquisiciones mencionadas en el expediente.
El segundo artículo faculta al Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, a realizar las acciones necesarias para implementar la medida.
Recientemente, el Gobierno también había ampliado el régimen de secreto militar en relación al programa de incorporación de aviones de combate F-16, que Argentina adquirió a Dinamarca.
A través del Decreto 735/2026, publicado en agosto, se tomaron medidas para proteger la información relacionada con la posible salida del país de componentes del sistema de armas para tareas de mantenimiento, reparación y actualización.
Esta decisión incluyó diversos materiales vinculados a los 24 cazas adquiridos, tales como partes de aeronaves, motores, repuestos, armamento tanto real como de entrenamiento, entre otros equipos asociados.
El objetivo era facilitar el envío temporal de ciertos componentes al exterior sin comprometer información considerada sensible.
El programa de los F-16 ya había estado bajo otras medidas de secreto militar.
En abril de 2024, el Gobierno había declarado secreta la operación contractual para la adquisición del sistema de armas; en septiembre de ese mismo año, expandió el régimen a las obras de infraestructura requeridas para la recepción de los aviones y a la importación de materiales sensibles. En diciembre, también se incluyeron las operaciones contractuales para la compra de equipos y capacidades complementarias.
El nuevo Decreto 1205/2026, recientemente publicado, establece una nueva declaración de secreto militar para las operaciones contractuales relacionadas con la adquisición de equipamiento de Defensa, sin identificar en su texto los bienes involucrados ni indicar si están vinculados al programa de los F-16.
