No porque la morosidad haya desaparecido o las familias hayan recuperado su capacidad de pago repentinamente, sino porque algunos balances empiezan a reflejar que el impacto sobre las entidades parece estar estabilizándose. Un informe reciente de IOL Inversiones revela una “visión constructiva” sobre el sector bancario, tras la presentación de balances que mostraron mejoras en la rentabilidad operativa y, especialmente, una “estabilización de los cargos por morosidad”.
Particularmente, el análisis menciona a Galicia y BBVA Argentina, señalando que sus balances fueron sólidos y que se registraron avances operativos en su rentabilidad junto a una estabilización de los cargos relacionados con la morosidad. Este cambio de perspectiva se da en un contexto de significativa disminución del crédito.
Un estudio publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en información del Banco Central de la República Argentina y la Central de Deudores, estimó que en junio la morosidad familiar alcanzó un 12,8%, tras 20 meses de incremento continuo, mientras que para las empresas fue del 3,5%. Estas cifras representan una instantánea del crédito de los clientes y no deben confundirse con los cargos por morosidad que constan en los balances de cada entidad. No obstante, son indicativas de la problemática que los bancos deben gestionar.
Desde el lado de la oferta crediticia, CEPA observó que entre febrero de 2024 y junio de 2026, la cantidad total de personas con deudas únicamente bancarias descendió en 1,09 millones, lo que equivale a un 12%, mientras que los usuarios y morosos en otros sistemas de financiamiento aumentaron. El análisis sugiere que los bancos decidieron “achicar su cartera de clientes”, mientras que quienes continuaron en el sistema comenzaron a caer en morosidad, un fenómeno que se intensificó por el deterioro de la calidad de la cartera.
En junio, había $3,90 billones de deuda familiar en Situación 2 —en seguimiento especial— en bancos y billeteras, de los cuales el 82,8% pertenecía a bancos. Aunque todavía no se considera mora efectiva, representa una señal de alerta sobre posibles deterioros crediticios. Al mismo tiempo, el sistema registraba $6,73 billones en Situación 4, que implica alto riesgo, de los cuales $5,16 billones estaban en bancos.
Según el CEPA, ante este deterioro, las entidades han “endurecido las condiciones de otorgamiento” y reducido la cantidad de deudores en situación normal. Para un banco, un crédito con problemas no solo significa la posibilidad de demoras en su cobranza; también implica reconocer mayores riesgos y crear provisiones que afectan los resultados. Por lo tanto, para el mercado no es suficiente con observar cuántos clientes experimentan mora; también es crucial determinar si los costos de este proceso siguen aumentando en los balances.
IOL sostiene que la combinación de mejoras operativas en rentabilidad y una estabilización en los cargos por morosidad brinda razones para mantener una visión optimista sobre Galicia y BBVA. A pesar de que los datos más recientes muestran niveles altos de irregularidad y una porción considerable de la deuda en categorías de mayor riesgo, en junio, cuando los bancos parecían reducir su exposición en ciertos segmentos, los saldos crecieron en categorías problemáticas.
La novedad en el ámbito bursátil es más matizada. Tras meses de incertidumbre sobre cuán grave podría hacerse la situación del crédito, comienza a emerger una idea diferente: los bancos han comenzado a absorber la parte más dura del impacto.
