El empresario, oriundo de Rosario, estuvo bajo investigación en 2018 en el marco de un expediente que desentrañaba un esquema de sobornos que funcionó desde el Ministerio de Planificación Federal, el cual contó con la colaboración “indispensable” de diversas empresas contratistas del Estado. En el curso de la investigación, el juez federal Claudio Bonadio dictó la falta de mérito para Gagliardo, quien forma parte de la firma familiar Obring.
Ante el TOF 7, que está conformado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, el empresario narró que en cierta ocasión recibió una llamada de Ernesto Clarens, quien se convirtió en uno de los 31 imputados colaboradores y cuyo testimonio fue fundamental para esclarecer cómo operaba la cartelización de la obra pública. En el marco de este expediente se encuentra uno de los casos conexos que se denomina “la camarita”, en referencia a las empresas agrupadas en la Cámara de la Construcción que integraron este sistema discrecional de adjudicación de obras viales.
Gagliardo destacó que no entendía cómo Clarens había obtenido su número telefónico, pero que había escuchado rumores sobre su figura como un lobbista del gobierno, con vínculos en Vialidad Nacional y que brindaba servicios financieros. “No sé cómo consiguió mi teléfono, pero me llamó. Yo había escuchado rumores sobre quién era Clarens”, explicó el empresario en su testimonio.
Al ser consultado sobre el contenido de ese primer contacto, Gagliardo indicó: “No me dio mayores explicaciones, solo me dijo que podía darme una mano y que cuando estuviera por Buenos Aires debería reunirme con él. Mi padre no podía venir a Capital Federal, así que me sugirió que me reuniera con Clarens”.
El encuentro, según recordó, fue algo que dejó un mensaje “poco preciso”. “(Ernesto) Clarens me dijo que se venían obras en la zona y que me tenía que presentar, que él podía ayudarme y que habría trabajo para todas las empresas. También insistió en que nos presentáramos, pero no mencionó cómo nos iba a ayudar”, amplió Gagliardo.
El empresario relató que Clarens mencionó que conocía detalles de un plan de obras en el que les interesaba participar, específicamente en proyectos que afectaban su región. “Nos dijo que conocía, tenía un detalle del plan de obras que se venía. A nosotros nos interesaba participar de obras nuevas que pasaban por nuestra región. Él, sin ser funcionario, nos dijo que tenía el plan de obras”, afirmó.
Cuando le preguntaron cómo podía ser posible que, sin pertenecer al ámbito público, Clarens tuviera acceso a dicha información respecto del programa de obras que sería impulsado desde el organismo asociado al Ministerio de Planificación Federal, Gagliardo argumentó que esto podría responder a “sus contactos, a su relación con Vialidad, por su cercanía con el Gobierno”.
El financista kirchnerista se convirtió en un colaborador ante el fiscal federal Carlos Stornelli y entregó a la justicia una lista de empresas que aportaban dinero en efectivo para que él los cambiara por dólares, dado que las coimas exigidas por ex funcionarios debían ser abonadas en divisas. Esta información fue compartida en el contexto del tramo conocido como “la camarita”.
El sistema de corrupción operaba de esta manera: las empresas que formaban parte de la Cámara de la Construcción competían por hacerse con determinadas licitaciones, todo bajo un código informal que no se identificaba con las normas de competencia de libre mercado, y que incluía rankings y devoluciones de favores, según sostiene la acusación.
Una vez determinada la empresa que recibiría el contrato, la Dirección Nacional de Vialidad comenzaba a efectuar los pagos. En ese punto, se activaba el circuito recaudatorio, donde Clarens actuaba como el primer receptor de los ingresos o “retornos” abonados por empresarios como contraprestación.
Para las contrataciones que incluían anticipos financieros, la cantidad de dinero que debía entregarse a los funcionarios públicos equivalía a un porcentaje del monto ofertado por la obra, que en general variaba entre un 3% y un 20%. En aquellos casos donde no se abonan anticipos, se establecían montos equivalentes a una cantidad determinada de certificados de obra. “Los primeros retornos que ocurrieron durante el año 2003-2005 se pagaban en la camarita, los cobraban ellos”, comentó Clarens.
El monto de dinero, que representaba el anticipo financiero a ser abonado, se entregaba en uno, dos o tres pagos al funcionario que recaudaba. “El anticipo financiero se iba todo al funcionario; el IVA que quedaba retenido, y que debía ser pagado a la AFIP a los 30 y 60 días, se utilizaba para iniciar la obra”, se detalla en la acusación.
Como parte de su declaración, el financista adjuntó una planilla que alcanzó a la ex AFIP, y estimó que la cantidad de dinero que circuló en este circuito de recaudación “bien pudo llegar a los 30 millones de dólares”.
Respecto de este esquema, Gagliardo relató que Clarens le había manifestado que se llevarían a cabo obras en la zona que era jurisdicción de Obring, “que me presente y que él podía darme una mano, pero insistió en que nos presentemos. A pesar de lo que nos comentó, decidimos no participar, ya que esa repartición no nos dio seguridad”.
Cuando una de las abogadas defensoras le preguntó qué entendió él cuando el financista le hizo ese planteo, respondió: “No dijo nada de forma explícita, insistió en que teníamos que ganar primero, que presentemos ofertas bajas, competitivas.”
