A las 16 horas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a julio, junto con el informe sobre pobreza e indigencia del primer semestre de 2026. Estos datos se convertirán en el foco de atención ante un contexto donde las proyecciones de diversas consultoras indican resultados negativos.
Los pronósticos sugieren que el EMAE seguirá en descenso, a pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el país estaría atravesando “los mejores 18 meses” en su historia en este punto del año.
Las expectativas negativas de los analistas se fundamentan en los recientes informes oficiales sobre la industria y la construcción, sectores que registraron descensos durante agosto. Estos informes mostraron disminuciones tanto en la comparación mensual como respecto a los datos del mismo mes del año anterior.
De acuerdo con el Indec, la actividad industrial disminuyó un 5% en comparación con junio, reflejando una baja del 4,9% en relación a julio de 2025. En los primeros siete meses de 2026, la industria acumuló un retroceso del 2,6%. Estos antecedentes son citados por las consultoras al anticipar un resultado negativo en la medición general.
Por su parte, la construcción también evidenció una disminución. En términos mensuales desestacionalizados, el sector experimentó un declive del 4,6%, mientras que en el ámbito interanual, la caída llegó al 4,5%. A pesar de estas cifras, la construcción mostró un rendimiento positivo en el acumulado de 2026, con una mejora del 1,7% en comparación con el mismo período de 2025.
Simultáneamente, el organismo estadístico proporcionará las cifras de pobreza e indigencia del primer semestre de 2026. Los datos anteriores, correspondientes a la segunda mitad de 2025, revelaron una pobreza del 28,2% y una indigencia del 6,3%.
Las proyecciones de las consultoras destacan un posible deterioro de estos indicadores, en un entorno donde las condiciones económicas de los hogares han cobrado relevancia. El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) estima que la pobreza podría situarse entre un 31% y un 32%, lo que se traduciría en un incremento de entre 1,5 y 2 millones de nuevos pobres.
En el Senado, el oficialismo buscará avanzar en la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y los cambios en Zonas Frías. De ser ratificadas por la Cámara alta, ambas iniciativas se convertirían en ley, y el Gobierno parece contar con los votos necesarios para su aprobación.
La consideración de estos proyectos se había pospuesto la semana anterior debido a que la mayoría no estaba garantizada; en ese momento, solo se votó la Inocencia Fiscal II. Sin embargo, la situación parece haber cambiado tras una serie de reuniones entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y diversos gobernadores, además de la intervención de Patricia Bullrich.
Si finalmente se aprueba la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, los cambios clave implicarán cuatro modificaciones esenciales. Primero, se reafirmará que la misión principal de la institución será garantizar la estabilidad del valor de la moneda.
Asimismo, se prohibirá al Banco Central financiar al Estado, restricción que abarcará al Tesoro Nacional, además de gobiernos provinciales y municipales. Por otro lado, se limitará la compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario.
Las condiciones para destituir al presidente y al directorio del Central también cambiarán, exigiendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para llevar a cabo esta decisión. Finalmente, se restringirán los pagos de dividendos provenientes de actividades relacionadas con la provisión de liquidez.
A su vez, el foco estará en el proyecto de Zonas Frías. De ser aprobado, los beneficios automáticos se restablecerán en las áreas originales del programa: la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, donde se mantendrán los subsidios para el consumo residencial de gas natural y gas propano por redes.
La propuesta también altera las condiciones de las zonas que se incorporaron al régimen en 2021, restringiendo los descuentos a los hogares que demuestren vulnerabilidad. Se elimina el criterio geográfico para las provincias de zonas templadas e intermedias, implementándose un esquema centrado en los ingresos de cada hogar.
El nuevo régimen se aplicará a hogares con ingresos iguales o inferiores a tres canastas básicas totales para un “hogar 2”, que equivalen a $4,4 millones según el valor de la canasta básica de una familia tipo de cuatro miembros.
Además, los hogares donde habite una persona con Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) o que reciba una Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas podrán acceder al subsidio, independientemente de sus ingresos. Los hogares con una persona titular del Certificado Único de Discapacidad (CUD) estarán sujetos a una evaluación posterior por parte de la Secretaría de Energía para su inclusión en el beneficio.
