El exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, cuestionó con dureza el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el Senado debatirá en las próximas horas. A través de sus redes sociales, el dirigente advirtió que las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional no representan un simple ajuste técnico, sino una “definición de modelo de país” que debilita al Estado en áreas críticas.
Según Urtubey, la iniciativa desarma la “caja de herramientas de la soberanía” al proponer menos límites a la extranjerización de tierras, reducir la protección contra incendios con fines inmobiliarios y limitar la capacidad estatal de expropiar para obra pública. “Así se construye la Nación: cuidando lo que es de todos”, sentenció el exmandatario.
Los cambios en la normativa y sus implicancias
Ante la resistencia de gobernadores y bloques opositores, el oficialismo debió modificar el texto original, que eliminaba todas las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. La nueva propuesta sugiere elevar el límite vigente del 15% al 25% del total de tierras rurales. El Gobierno argumenta que estas reformas son necesarias para atraer inversiones millonarias en infraestructura, agro y actividad forestal que hoy se encuentran desalentadas.
Sin embargo, otros puntos mantienen la polémica encendida: la flexibilización de regímenes de protección en zonas incendiadas y la reducción de facultades estatales para obras públicas. Estos cambios buscan brindar mayores garantías a la propiedad privada como incentivo económico, un eje central de la agenda oficialista.
Un debate que trasciende lo técnico
La postura de Urtubey se alinea con la de organizaciones sociales y especialistas que alertan sobre el riesgo de perder control sobre áreas estratégicas con recursos hídricos, minerales o pasos fronterizos. Aunque actualmente solo el 5% del territorio nacional está en manos extranjeras, el promedio se dispara en ciertas regiones clave, lo que otorga a la discusión una profunda dimensión geopolítica.
Con el Senado listo para sesionar, el rechazo de figuras de peso regional como el exgobernador salteño anticipa uno de los debates más sensibles del año legislativo, donde se pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para equilibrar la apertura de inversiones con la protección del patrimonio territorial.
