En una decisión de último momento, el oficialismo optó por retirar el capítulo referente a la Ley de Tierras del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La medida se concretó tras una reunión clave a puertas cerradas entre la senadora Patricia Bullrich y los jefes de los bloques aliados, donde se definió por acuerdo extraer la propuesta para asegurar el avance del resto de la iniciativa en la sesión convocada para este jueves a las 14.
Este giro político responde al rechazo explícito de diversos gobernadores y senadores que inicialmente se mostraban dialoguistas. En la antesala del debate, figuras como Rolando Figueroa (Neuquén), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones) manifestaron su oposición al texto oficial, lo que obligó a la administración central a ceder para evitar una derrota legislativa mayor.
La postura de ATE
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) recibió la noticia como un triunfo de la movilización popular. Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, calificó el retroceso como “un avance significativo de la lucha” y un “logro de la sociedad”. A través de un comunicado, el dirigente afirmó: “Celebramos no solo que la sociedad le haya pasado por encima al Gobierno y a los partidos que han decidido ser cómplices de la entrega rechazando este proyecto, sino también que estemos ante un pueblo que rechace a un Gobierno que quiere entregar al país entero con todos sus recursos”.
Pese a la concesión gubernamental, el sindicato confirmó que mantendrá la movilización prevista para este jueves frente al Congreso. Aguiar señaló que la protesta busca repudiar a los legisladores que “tergiversan su representación” y reafirmó la importancia de la presencia en las calles para “recuperar soberanía”. La concentración principal se realizará a partir de las 12 en Av. Rivadavia y Rodríguez Peña (CABA), con réplicas en las principales ciudades de todas las provincias.
El fracaso del consenso
El retiro del capítulo evidencia el fracaso del Gobierno en su intento de construir un consenso sólido. Ni siquiera las 16 versiones previas del texto ni las concesiones realizadas, como la elevación del tope de tierras que los extranjeros pueden adquirir del 15% al 25%, lograron convencer a las provincias aliadas. Los gobernadores se vieron forzados a equilibrar su vínculo con la administración de Javier Milei y la creciente oposición social a la extranjerización de tierras rurales.
