Este paro, que lleva a cabo la Confederación de Trabajadores de la Educación, coincide con el regreso a clases tras el receso invernal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, afectando a todas las escuelas públicas del país.
Desde el gremio, liderado por Sonia Alesso, se emitió un comunicado en el que expresaron: “Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación”.
No se dictan clases en los niveles inicial, primario y secundario. Algunas instituciones privadas podrían operar con normalidad, aunque los sindicatos afirman que hay una alta adhesión a la medida en todo el sistema educativo.
El paro nacional busca la restitución del FONID, el pago de los fondos nacionales destinados a la educación, una convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, y expresar el rechazo a la propuesta de Ley de Libertad Educativa.
El Gobierno está supervisando a través de las agencias territoriales para asegurar el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro convocado por CTERA y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad en las escuelas.
La cartera de Capital Humano advirtió que si se detectan incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” a las entidades sindicales.
La coordinación de la medida está a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende de Capital Humano. Se espera que las agencias territoriales recopilen información desde las provincias sobre el funcionamiento de los establecimientos educativos y remitan los resultados a la administración central. Estas dependencias actúan como vínculo territorial entre trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.
La fiscalización se basa en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, cuyo artículo 101 modificó el régimen de conflictos colectivos y estableció como servicio esencial el cuidado de menores y la educación en los niveles inicial, primario, secundario y especial. Esta normativa establece que durante una medida de fuerza, la cobertura no podrá ser inferior al 75% de la prestación habitual.
Desde el Gobierno precisan que una sanción no será automática en función del nivel de adhesión al paro. Se deberá verificar el incumplimiento, identificar la obligación concreta que no se ha respetado, determinar a la entidad responsable y llevar a cabo el procedimiento administrativo correspondiente, otorgando la posibilidad de defensa y revisión judicial.
