Los 23 mandatarios provinciales y el jefe de gobierno porteño consensuaron estas iniciativas con el objetivo de atraer a los aliados de los libertarios, argumentando que no exigían que la Nación aportara recursos de su propio presupuesto.
No obstante, la presión sobre la Casa Rosada se debilitó a medida que se concretaron acuerdos individuales y se realizaron giros de montos reducidos que, aunque eficientes para sobrellevar la situación, resultaron beneficiosos para el oficialismo en su búsqueda de mayorías en el Congreso.
El proyecto de distribución del impuesto a los combustibles líquidos cuenta con media sanción en el Senado, pero tras la victoria en las elecciones legislativas, el oficialismo nacional logró enfriar el ímpetu de los gobernadores. En ambos reclamos, el eje era el mismo: el Ejecutivo nacional y el Ministerio de Economía deben distribuir recursos que actualmente no se reparten.
Con la eliminación de varios fideicomisos y fondos destinados a infraestructura, transporte y vivienda, las provincias pasarían a recibir el 57% del total, en lugar del 25% vigente. Esto significaría que la Nación dejaría de percibir un 0,08% del PIB hasta diciembre, equivalente al 0,16% en términos anuales.
Respecto al nuevo esquema de distribución de los ATN, el Senado rechazó en septiembre pasado el veto del presidente Javier Milei, y la definición final quedó en manos de Diputados, donde aún no se ha tratado.
La decisión de los mandatarios de abogar por la eliminación de los fondos fiduciarios y un cambio en la distribución del impuesto a los combustibles líquidos surgió tras numerosas reuniones individuales y regionales con los entonces funcionarios Guillermo Francos y Lisandro Catalán, así como con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
En esos encuentros, se exigió el mantenimiento de rutas nacionales y el cumplimiento de acuerdos previamente firmados por la Nación. La insistencia se sustentaba en el hecho de que, a pesar de que varios gobernadores firmaron el acuerdo para el traspaso de caminos, el avance fue limitado. En las últimas semanas, se ha progresado con algunos mandatarios como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Marcelo Orrego (San Juan), mientras que se mantienen negociaciones con Martín Llaryora (Córdoba) y Raúl Jalil (Catamarca).
El tema fue retomado recientemente: el Gobierno recaudó $1,5 billones para rutas y obras viales, pero solo ejecutó una cuarta parte de esa suma, destinando más de $1 billón a plazos fijos y títulos públicos. El Ministerio de Economía actúa como la autoridad de aplicación del fondo fiduciario.
El SisVial, creado mediante el decreto 976/01, capta una parte del impuesto a los combustibles líquidos con el objetivo de financiar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial.
Un panorama similar se observa con el fondo especial de ATN, establecido en 1988 a través de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal, donde anualmente se quedan remanentes significativos sin distribuir. Este fondo se nutre del 1% de la masa total de impuestos que la Nación recauda y comparte con las provincias. A diferencia de otros recursos coparticipables, no se distribuyen automáticamente, sino que su administración es discrecional.
La ley sancionada por el Congreso hace un año y vetada por el presidente Milei tenía como propósito eliminar por completo esta discrecionalidad. Los recursos no distribuidos se computan como ingreso de la Nación, lo que también contribuye al superávit.
