El proceso de evaluación de los pliegos se llevó a cabo en la Junta de Ética y Acuerdos bajo la conducción del peronista Matías Lammens. Luego de las audiencias formales, las autoridades parlamentarias han decidido avanzar con la convocatoria a sesión para el primer jueves del mes a las 12 horas.
Gracias a un acuerdo entre el peronismo, La Libertad Avanza y la oposición dialoguista, el oficialismo contará con los dos tercios de los votos necesarios para asegurar el nombramiento formal de López Zavaleta como titular del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que ocupa de manera interina desde marzo, tras la salida de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia de la Nación.
La designación de su reemplazante fue enviada por el jefe de Gobierno, y siguió los pasos establecidos por la ley N° 6. La semana pasada, durante la audiencia en la Legislatura, se presentó ante un público compuesto por destacados actores del Poder Judicial de la capital.
En un discurso que no superó los 30 minutos, López Zavaleta manifestó su intención de impulsar un Ministerio “eficiente, rápido, cercano con las víctimas y respetuoso de las garantías constitucionales” a través de seis pilares que guiarán su gestión. “La primera prioridad es garantizar el acceso a la Justicia de manera real”, subrayó.
Asimismo, destacó la importancia de ofrecer una protección robusta a las víctimas en situación de vulnerabilidad mediante un enfoque específico para cada caso. “Tratar a todas las víctimas con el mismo protocolo no es equidad. La equidad implica reconocer que las desigualdades de origen exigen respuestas diferenciadas”, explicó. La experiencia del individuo en el proceso debe ser tal que se sienta escuchado, acompañado y respetado: “Si no es así, el sistema falló”.
En un tramo adicional de su exposición, definió el tercer punto: la eficiencia, que, según él, se presenta como un “complemento natural de los otros ejes”. Para ello, se propone intensificar los esfuerzos destinados a reducir el tiempo del primer contacto, agilizar la resolución de los casos sin sacrificar la calidad de la respuesta y optimizar los procesos internos.
Además, propuso la creación de una política criminal “que esté efectivamente al servicio de los vecinos de la Ciudad”, sugiriendo dotar al cuerpo fiscal de herramientas tecnológicas y de Inteligencia Artificial para mejorar sus funciones, e hizo hincapié en la necesidad de avanzar hacia una autonomía completa, especialmente respecto a las competencias del fuero Criminal y Correccional ordinario, así como del Laboral, Civil y Comercial.
Al acto también asistieron el ministro de Justicia y otros representantes del Poder Ejecutivo, así como jueces y la presidenta del Consejo de la Magistratura. López Zavaleta se ha desempeñado en el Ministerio desde 1999, ascendiendo a través de diversas posiciones hasta llegar a ser Fiscal General Adjunto en lo Penal y Contravencional desde 2019. En marzo, fue nombrado de forma interina al frente del Ministerio tras la salida de Mahiques.
El próximo 3 de septiembre, Fuerza Buenos Aires aseguraría los votos necesarios para que Muiños continúe como presidenta de la Defensoría. Una fuente involucrada en las negociaciones señaló que su designación está encaminada y no debería haber inconvenientes, aunque la discusión respecto a los cinco Defensores Adjuntos aún sigue abierta.
En este sentido, Pilar Ramírez, quien lidera el bloque de LLA, busca influir con la fuerza de su bancada. “La discusión por los defensores adjuntos aún no está cerrada”, reconocieron desde uno de los bloques.
La presentación de los candidatos para la Defensoría del Pueblo, que ocurrió en un contexto diferente, mostró la influencia de quienes dirigen el poder político en la Legislatura. Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación, estuvo presente en apoyo a su esposa. Otros funcionarios también acompañaron a los distintos candidatos, quienes abogan por posiciones de Defensores Adjuntos.
