Las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores se produjeron un día después de que líderes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmaran en Cardiff un memorando conjunto que reivindica el derecho de sus regiones a determinar su futuro político. Los firmantes actuaron en su calidad de líderes de partidos y no como representantes oficiales de sus gobiernos.
El documento fue suscrito por John Swinney, líder del Partido Nacional Escocés; Rhun ap Iorwerth, de Plaid Cymru; y Michelle O’Neill, vicepresidenta del Sinn Féin e ministra principal de Irlanda del Norte. También estuvo presente Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin.
Los partidos coincidieron en exigir el derecho a la autodeterminación y cuestionaron la capacidad del Parlamento británico para bloquear consultas sobre el futuro constitucional de estas regiones. No obstante, reconocieron que mantienen posturas y trayectorias diferentes: el SNP aboga por la independencia escocesa, Plaid Cymru busca la separación de Gales y Sinn Féin promueve la reunificación de Irlanda.
Además, los dirigentes plantearon la necesidad de una mayor vinculación con la Unión Europea tras el Brexit. En el memorando, señalaron que la salida del bloque perjudicó sus economías y limitó oportunidades, manifestando su intención de restablecer los vínculos con Europa.
El canciller también fue consultado sobre la ofensiva del Gobierno contra las empresas relacionadas con la explotación petrolera en las aguas alrededor de las Islas Malvinas y desmintió que Londres haya presentado una protesta diplomática sobre las medidas adoptadas. “No hubo ninguna queja. Argentina está a derecho y cumpliendo con su legislación, tratando de agregar herramientas para la mejor defensa de nuestros intereses en Malvinas”, aseguró Quirno.
A principios de septiembre, el Gobierno había anunciado un endurecimiento de su estrategia contra el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. La administración actual implementó procedimientos sancionatorios contra numerosas personas y compañías presumiblemente implicadas en actividades hidrocarburíferas realizadas sin la correspondiente autorización argentina.
Asimismo, la Cancillería avanzó con denuncias penales contra ciertas petroleras y el Ejecutivo anticipó el envío a Congreso de un proyecto para fortalecer las herramientas legales disponibles. El Gobierno sostiene que estas actividades infringen la ley 26.659, que regula las condiciones de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
Quirno expresó su deseo de que el Congreso apoye la iniciativa oficial para reforzar la posición argentina. “Creo que todos estamos detrás de la causa Malvinas”, concluyó.
