Al 31 de agosto, la ejecución del Presupuesto 2026 de la Administración Pública Nacional (APN) alcanzó un 67,4%, lo que representa un incremento de 12,3 puntos porcentuales respecto al mismo período del año pasado, constituyendo el nivel más alto de ejecución del gasto desde 2016.
La Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Financiera Pública (ASAP) advierte que el aumento en la ejecución revela la necesidad de incrementar el monto total del Presupuesto, ya sea a través de una nueva ley o mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). “Dada la necesidad de aumentar el monto total del Presupuesto, manifestada en los últimos meses, la ampliación de créditos mediante un DNU podría ser cuestionable desde el punto de vista institucional, ya que no responde a una situación repentina, sino a una insuficiencia de créditos que ya había sido advertida”, señala la entidad.
ASAP había anticipado en febrero que los créditos presupuestarios se quedarían cortos para financiar el gasto planificado.
El próximo 15 de septiembre, se enviará al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, donde ciertos indicadores serán cruciales, especialmente la proyección de la inflación. Se estima que la inflación de este año finalizará cercana al 30%, en contraste con la propuesta inicial del Gobierno del 10%, y una proyección de crecimiento del PBI del 5,4%, que ahora los analistas ajustan a un 2,1%.
Estas diferencias generan variaciones en la ejecución presupuestaria: se había considerado un tercio de la inflación real y el doble de la expansión económica, lo que en teoría implicaba un menor gasto con mayores ingresos fiscales.
Frente a esta situación, el Gobierno propone una especie de cierre administrativo, similar al shutdown en Estados Unidos: si se agotan los fondos, se limitará una parte del Estado. En Estados Unidos, cuando el Congreso no aprueba el presupuesto, el presidente declara el shutdown, momento en el que se suspenden los gastos y se envían a casa a los empleados públicos, manteniendo solo algunos servicios esenciales.
En Argentina, si Javier Milei no ampliara las partidas de gastos, debería declarar el cierre de la APN, siguiendo un marco legislativo que corresponde al ministro Federico Sturzenegger.
A esta altura del año, varios analistas consideran que el Gobierno podría no alcanzar la meta de superávit fiscal pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Aunque la meta indicativa es del 1,4% del PBI, en términos concretos el Gobierno necesita reunir $16,2 billones, alcanzando hasta julio solo $10 billones.
Dado que diciembre es un mes deficitario por el pago de aguinaldos, entre agosto y noviembre el Ejecutivo debería acumular un superávit mensual promedio de casi $1,5 billones. Sin embargo, los analistas indican que, con la recaudación fiscal en descenso, en realidad se requerirían aproximadamente $1,75 billones por mes para cumplir con la meta.
El Gobierno de Javier Milei ha realizado cambios significativos en los instrumentos financieros utilizados para renovar deudas en pesos, asumiendo la totalidad de la deuda del Banco Central. Desde abril de 2024, se emplean letras y bonos capitalizables, cuyos intereses no se registran como gasto financiero, evitando así que impacten en el resultado. Sin embargo, estos intereses se convierten en nueva deuda al momento de su vencimiento.
En este contexto, ASAP advierte que “si esos instrumentos siguieran un esquema más convencional —donde los intereses se pagan y registran durante el plazo de la deuda—, el resultado financiero dejaría de ser equilibrado, convirtiéndose en un resultado deficitario”.
