La medida de fuerza, impulsada por FEB, SUTEBA, UDOCBA y AMET, busca destacar la necesidad de reforzar la prevención y atención de las agresiones en las escuelas. Además, está directamente relacionada con la decisión de las autoridades provinciales de suspender el debate acerca de un ajuste en los salarios del sector.
Los sindicatos que representan a los trabajadores de la educación tienen estancadas las negociaciones por sus ingresos con el gobierno provincial, pero realizarán paro en casi 12.000 centros educativos estatales para manifestar su rechazo a los hechos de violencia que, según aseguran, afectan a los docentes en su labor diaria.
Poco antes del anuncio de la huelga, la Legislatura aprobó un proyecto de ley que establece sanciones penales más severas para quienes agredan, hostiguen o maltraten a docentes, trabajadores del ámbito de la salud y al personal que presta servicios públicos esenciales. Esta iniciativa, presentada y votada por el Senado, fue aprobada en la quinta sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.
El lema de la protesta es: “Queremos una sociedad que cuide a quienes enseñan”, y se anticipa que impactará a casi 3 millones de niños y adolescentes que asisten a escuelas estatales en la Provincia.
Liliana Olivera, presidenta de la FEB, declaró escasas horas antes que “la recomposición salarial que estamos solicitando debe darse de forma inmediata”, y demandó que “no se dilaten más los tiempos de una propuesta”.
“Los plazos se agotan y es urgente discutir una mejora real en los salarios”, agregó Olivera.
Poco tiempo después se hizo pública la decisión de llevar adelante la medida, aunque, según los dirigentes, esta se inscribe en una lucha contra la violencia.
La semana pasada, las autoridades provinciales reabrieron la mesa paritaria, aunque el encuentro fue breve y el gobierno no presentó ninguna oferta. Los sindicatos de trabajadores estatales y docentes se retiraron con las manos vacías, sin propuestas concretas que presentar a sus afiliados.
Este encuentro surge a raíz del último acuerdo alcanzado en julio, cuando la Provincia otorgó un aumento acumulado del 7%, repartido en un 5% en julio y un 2% en agosto, ambos porcentajes calculados sobre los salarios de junio. Este acuerdo había previsto una nueva discusión en septiembre.
En los últimos días, se han desencadenado diversas protestas en contra de la Provincia: el paro del Frente Gremial programado para mañana; una huelga y movilización de ATE el 7 de octubre, que concluirá con una marcha hacia la Legislatura (sin llegar a Gobernación); y la inminente realización de otra interrupción de actividades a mediados de mes, coincidiendo con la marcha federal por la educación impulsada por el sector de trabajadores universitarios.
Esta última movilización pretende reclamar al Gobierno Nacional por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario y los recortes en educación, que incluyen la eliminación del fondo de incentivo docente.
En el caso del reclamo a la Provincia, ATE solicita el “pase a planta permanente” para todos los trabajadores de la administración pública que actualmente se encuentran contratados.
