La estrategia presenta a los opositores un doble reto: primero, lograr el quórum necesario para habilitar el debate; y segundo, alcanzar un consenso sobre un asunto delicado que aborda la situación de aproximadamente seis millones de argentinos en mora, en el que hay cerca de 50 proyectos en discusión.
Los legisladores que están en oposición a La Libertad Avanza han decidido profundizar la estrategia. Aunque el oficialismo había permitido el debate en comisión y había prometido establecer un plazo para la firma de los dictámenes, los bloques opositores decidieron continuar con la sesión, que en esencia persigue el mismo objetivo: forzar el tratamiento de los temas de endeudamiento y discapacidad en comisión, al tiempo que se establece un plazo para los dictámenes.
Esta movida, no obstante, entraña riesgos. Si no tiene éxito, podría resultar costosa para los bloques que la promovieron, entre los que se encuentran Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Argentina Federal, Encuentro Federal y el FIT. En la última sesión, que culminó con la aprobación de Inocencia Fiscal II y la nueva Carta Orgánica del Banco Central, los opositores lograron reunir 133 votos, cuatro más del quórum requerido para habilitar el tratamiento. Cabe destacar que en esa ocasión había cinco diputados ausentes que acompañan la sesión de hoy.
Aunque LLA dio luz verde a los debates en comisión, la oposición se mantiene firme en su decisión de proceder con la sesión. Si no logra reunir el mínimo de 129 votos, la atención se centrará en los ausentes, lo que generará nuevamente interrogantes sobre las negociaciones discretas que el oficialismo suele mantener con los llamados “dialoguistas” para desactivar estas maniobras, muchas veces lideradas directamente por gobernadores.
Al cierre de esta nota, quienes impulsan la sesión llevaban a cabo un “arduo trabajo” para alcanzar los 129 votos necesarios. Un diputado confirmó que “todos mueven sus fichas” y añadió que se encontraban “palo a palo” con el oficialismo.
Suponiendo que se logre el quórum, el siguiente desafío será más complicado: los diputados deberán consensuar un texto sobre el endeudamiento familiar. Esta tarea es compleja, ya que existen alrededor de 50 propuestas diferentes. Si las distintas bancadas no logran acordar un único texto, podría resultar un fracaso, especialmente en un contexto electoral sensible para millones de familias que esperan un respiro.
La bancada Unión por la Patria ha presentado varios proyectos. Por ejemplo, un grupo de diputados liderados por Victoria Tolosa Paz propone un proyecto enfocado en el sobreendeudamiento de quienes perciben ANSES a través de billeteras digitales.
El proyecto establece que las decisiones adoptadas por sistemas automatizados cuenten con mecanismos de revisión humana y que los datos utilizados para evaluar la capacidad de pago estén protegidos. También sugiere limitar la tasa de interés compensatorio al promedio de las tasas de préstamos personales publicadas por el Banco Central, impidiendo que se esquive este límite a través de otros cargos.
Asimismo, el proyecto exige que el Costo Financiero Total se informe de forma clara antes de la contratación. Un aspecto destacado es que se protege a las prestaciones de carácter alimentario, como la AUH y el Plan 1000 días, evitando que se afecten mediante débitos automáticos o cobros recurrentes para cancelar préstamos, garantizando que el beneficiario pueda optar por pagos voluntarios.
Otro sector de Unión por la Patria, bajo la conducción de Lucía Cámpora, ha presentado un proyecto que plantea un régimen unificado mediante una plataforma digital estatal para facilitar acuerdos de reestructuración obligatoria entre deudores y acreedores.
En tanto, la Izquierda propone declarar una emergencia crediticia por dos años y establece un marco de refinanciación obligatoria para deudas de primera necesidad.
El radical Pablo Juliano busca regular las prácticas de las Fintech y establecer mecanismos de reinserción para consumidores en situaciones críticas, con propuestas que incluyen regulaciones sobre la transparencia y la responsabilidad financiera.
El socialista Esteban Paulón, por su parte, presentó varios proyectos que apuntan a regular las Fintech bajo la supervisión del Banco Central, buscando asegurar criterios de responsabilidad en el otorgamiento de créditos.
Además de estos temas, la sesión abordará la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, sancionada el año anterior y luego vetada y judicializada por Milei. Esta emergencia concluirá el 31 de diciembre, y la iniciativa de prórroga es impulsada por el peronista Juan Marino, respaldado por los bloques opositores, quienes sostienen que el Ejecutivo no ha cumplido con la normativa.
Si la ley no se prorroga, el asunto podría resolverse en los tribunales. Marino y las organizaciones civiles que respaldan la ley consideran que, si la norma no se prorroga, se perdería la flexibilidad que permite al Ejecutivo gestionar recursos para el sistema de discapacidad, aunque los otros capítulos de la ley permanecerían en vigor, asegurando, por ejemplo, la actualización de aranceles según la inflación.
