En el ámbito del gobierno liberal-libertario, se pueden constatar datos provenientes de informes del IIEP, un instituto de investigaciones de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet. Un estudio indica que, en comparación entre mayo de 2026 y mayo de 2025, el gasto público en infraestructura experimentó una caída del 27,8% en términos reales, superado por una inflación del 33,2% que se registró en el mismo lapso.
Adicionalmente, se señala que la inversión nacional, a cargo del Estado, se redujo al 2,1% del PBI, alcanzando así uno de los mínimos históricos de los últimos 65 años. Desde noviembre de 2023, el descenso en este rubro ha sido de hasta un 85% en términos reales, descontando la inflación. Esta situación parece ser un fenómeno irreversible.
Argumentar que la reducción del gasto de capital es un clásico en los acuerdos con el FMI no ofrece consuelo. Disminuir la inversión pública a niveles tan bajos impacta negativamente en el stock de infraestructura y la competitividad económica, afectando el transporte, las comunicaciones y otros sectores esenciales. Soñar con soluciones no implica que sean viables, y se observa un estado de “Clausurado” frente a la gestión estatal.
Por si esto no fuese suficiente, se da a conocer que el superávit fiscal acumulado durante el período actual aún no alcanza la meta comprometida con el Fondo Monetario Internacional. Esto sugiere la necesidad de implementar un ajuste adicional para alcanzar los objetivos pactados.
Una vez más, es previsible que la situación se asemeje a la deuda aproximada de US$ 57.100 millones que Argentina debe al FMI. Es posible que este tema haya sido abordado entre la directora gerente del organismo y el ministro de Economía durante su reciente visita a Vaca Muerta, campo que ha mostrado un potencial significativo en generación de dólares.
Respecto a la escasa inversión, datos del INDEC revelan que, en el primer trimestre de 2026, la formación bruta de capital fijo descendió un 11,6% en comparación con el mismo período del año anterior. Este fenómeno se observa claramente en la desinversión: las compras de maquinaria y equipos para la producción cayeron 18,1%, con una reducción del 20,6% en importaciones, marcando así el cuarto mes consecutivo de declive.
En este contexto, la inversión nacional se aleja del 25% del PBI, considerado el umbral necesario para que una economía como la argentina logre un crecimiento sostenible. Actualmente, se sitúa en el 17,2%, en descenso desde el 19,4% del primer trimestre de 2025. Brasil se mantiene cerca del 16%, mientras que Chile también oscila en cifras similares.
El trasfondo de esta situación es la caída del empleo. Según un informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial, se han perdido 575.654 puestos de trabajo en blanco entre agosto de 2023 y abril de 2025, impulsada en gran medida por pérdidas significativas en los sectores de la industria y la construcción, que han sido fuentes clave de empleo.
La provincia de Buenos Aires ha sido la más afectada, con una reducción del 32% en empleos, seguida por la Ciudad Autónoma con un 17%. Juntas, estas dos regiones concentran el 49% de las pérdidas totales.
Aunque dicho proceso se ha producido bajo la administración actual, es importante reconocer que muchos de los problemas y deficiencias se arrastran desde administraciones anteriores, particularmente de la era kirchnerista. Sin embargo, el gobierno actual también debe asumir su parte de la responsabilidad, incluida la necesidad de un plan que permita revertir el fenómeno de la desinversión.
Es fundamental desarrollar un plan articulado y a mediano plazo que sea innovador y complejo, sustentado en acuerdos sólidos. Esto se traduce en una oportunidad para impulsar el crecimiento económico, la recuperación del empleo, la mejora de los ingresos y un balance social más equitativo. En última instancia, estos son los elementos que definen la habilidad de gobernar.
