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La Cancillería impulsa el ascenso de la embajadora cuestionada por su postura sobre Malvinas

18 noviembre, 2026
in Política
La Cancillería impulsa el ascenso de la embajadora cuestionada por su postura sobre Malvinas
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Después de varias semanas de gestos en torno a Malvinas, tras el despliegue de una bandera durante la semifinal del Mundial de fútbol y las señales de Donald Trump para presionar al Reino Unido, el oficialismo buscará aprobar este miércoles la denominada Ley de Soberanía Nacional. En paralelo, la Comisión de Acuerdos del Senado volverá a tratar el pliego de Mariana Plaza, embajadora argentina en Londres y promotora de la “doctrina Plaza” durante el macrismo. Esa orientación desplazó el reclamo permanente de soberanía sobre las islas y puso el foco en atraer inversiones. Su designación por parte de Javier Milei provocó el rechazo de excombatientes. Ahora, la Cancillería propuso ascenderla junto a otros funcionarios de la gestión, en medio de cuestionamientos por la falta de criterios de mérito y equidad. El peronismo en el Senado anticipó que no respaldará su promoción.

Este miércoles al mediodía, el oficialismo y sus aliados llevarán al recinto la Ley Malvinas, que la oposición en la Cámara baja definió como un caballo de Troya que desdibuja la frontera jurídica entre Seguridad Interior y Defensa y debilita garantías constitucionales. De los ocho títulos del proyecto, solo el primero se refiere específicamente al régimen de sanciones vinculado con Malvinas. Ese capítulo fue modificado a pedido de Washington, tras las gestiones de Christopher Landau, para excluir de las sanciones a las empresas estadounidenses. En la misma sesión, el oficialismo intentará aprobar la reforma del Banco Central, el acuerdo Mercosur-EFTA y el traspaso de la justicia federal a la Ciudad de Buenos Aires.

El compromiso del gobierno libertario con la causa Malvinas, sin embargo, fue puesto en duda por sus críticos. Mientras Diputados debatirá el proyecto, la Comisión de Acuerdos del Senado buscará dejar listos 21 ascensos a embajadores cercanos al oficialismo, según fuentes de la Cancillería. Entre ellos figura la promoción de Plaza a la categoría de embajadora.

Su designación política generó un fuerte rechazo entre excombatientes de Malvinas y dentro de la Cancillería. Fuentes del organismo sostienen que, durante el gobierno de Mauricio Macri, Plaza “abandonó la reivindicación de la soberanía de Malvinas para enfocarse en la atracción de inversiones británicas”. La política exterior de ese gobierno quitó Malvinas de la agenda bilateral y promovió entendimientos como el acuerdo Foradori-Duncan. En ese marco, la Argentina se comprometió a remover obstáculos al desarrollo económico de las islas, incluidos los relacionados con la pesca, la navegación y los hidrocarburos, sin reclamar a Londres que negociara la soberanía. El acuerdo también habilitó vuelos entre las islas y otros países de América Latina sin pasar por el territorio continental argentino. El gobierno de Milei restableció el entendimiento que la administración de Alberto Fernández había dejado sin efecto.

Milei designó a Plaza al frente de la embajada argentina en el Reino Unido en mayo de 2024, mediante un decreto, cuando ella todavía tenía el rango de ministra plenipotenciaria de segunda clase. En abril de 2025, la promovió a primera clase. Ahora, la Cancillería impulsa su ascenso a embajadora, con vigencia solicitada desde el 1 de enero de 2026. “Una forma de regularizar haberla nombrado embajadora ante el Reino Unido sin serlo”, explicó un integrante del cuerpo diplomático.

Los ascensos a embajador son propuestos por el Poder Ejecutivo, pero necesitan la aprobación del Senado. El peronismo de la Cámara alta ya anticipó que no considera “razonable” que, por “amiguismo y favores políticos, algunos diplomáticos asciendan dos veces en menos de dos años”. Por ese motivo, el Bloque Justicialista votará contra la promoción de Plaza cuando llegue al recinto, como hizo en abril de 2025.

La Comisión de Acuerdos del Senado está sin presidente tras la reciente muerte del libertario Juan Carlos Pagotto. Las audiencias son encabezadas por el vicepresidente de la comisión, el radical Maximiliano Abad. El peronismo no tiene representantes en ese cuerpo y deberá esperar siete días para que los ascensos lleguen al pleno. La discusión podría coincidir con el debate de la reforma política impulsada por el gobierno de Milei, que también es rechazada por el peronismo.

Fuentes consultadas señalaron que las promociones propuestas por el canciller Quirno generaron controversia dentro de la Cancillería porque, según afirmaron, no se respetaron criterios básicos de mérito y equidad. “Quirno descartó candidatos propuestos por la Junta Calificadora del Ministerio de Relaciones Exteriores para así poder nombrar a sus ‘colaboracionistas preferidos’: Juan Manuel Navarro (vicecanciller), Mariana Plaza (embajadora ante el Reino Unido), Gerardo Díaz Bartolomé (cónsul en Nueva York), Francisco Tropepi (embajador en la ONU) y Natalia Gunski (directora de América), entre otros”, sostuvieron. También cuestionaron al cónsul general en Nueva York, Gerardo Díaz Bartolomé, a quien describieron como “encargado de darle soporte turístico a la familia Quirno en la Gran Manzana”. Todo esto ocurre mientras Diputados debate el proyecto en nombre de la soberanía.

¿Ley Malvinas?

Tras varias semanas de debate, el gobierno solo aceptó cambios de redacción. El Consejo de Seguridad, uno de los puntos más cuestionados, pasará a llamarse “Consejo de Asuntos Estratégicos”. La reforma autoriza expresamente la participación de las Fuerzas Armadas en la protección de infraestructuras críticas, un concepto cuestionado por su amplitud. No hay un tratado internacional que establezca una definición única y universal de infraestructura crítica. El Centro de Excombatientes CECIM La Plata advirtió sobre el riesgo de “reconstruir la figura del enemigo interno”.

El gobierno se negó a retirar el título VII, denominado “Fortalecimiento de la Soberanía en los Procesos Electorales y Otras Modificaciones”. Ese apartado modifica el Código Penal para incorporar delitos relacionados con la “desinformación masiva”, la influencia extranjera y las operaciones clandestinas, con penas de hasta 15 años de prisión. Los bloques aliados mantienen objeciones sobre este capítulo, que podrían reducir los votos del oficialismo.

Unión por la Patria llegará al recinto con un dictamen propio centrado en Malvinas. El bloque respalda la idea de establecer sanciones, que ya tiene un antecedente en la Ley 26.659, conocida como Ley Pino Solanas y aprobada en 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, cuestiona la excepción para las empresas estadounidenses y rechaza el resto del proyecto. “No queremos mezclar Malvinas con ningún otro tema”, señalaron. “Es una vergüenza lo que le van a mostrar al Tribunal del Mar, estamos todos divididos”, agregó otro diputado. Una votación que lleve la causa Malvinas en su título y exhiba un Congreso dividido podría sentar un antecedente desfavorable ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que estableció provisionalmente el sábado 28 de noviembre como fecha para pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas por la Argentina para suspender el proyecto petrolero Sea Lion.

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