“No fue culpa de la tripulación, no fue la ‘tormenta perfecta’, no fue un accidente. Fue evitable”, expresaron en un comunicado difundido por la abogada Valeria Carreras.
El submarino fue declarado perdido en el Golfo San Jorge entre el 15 y el 16 de noviembre de 2017, a 430 kilómetros de la costa de Chubut. Un año después, el 17 de noviembre de 2018, la empresa estadounidense Ocean Infinity localizó los restos a unos 900 metros de profundidad.
El 8 de julio pasado, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó a Claudio Javier Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos de la Armada, a tres años de prisión y seis de inhabilitación. En el mismo fallo, absolvió al contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, al capitán de navío Héctor Aníbal Alonso y al capitán de fragata Hugo Miguel Correa.
“Ellos, los 44 tripulantes, perdieron la vida cumpliendo con su deber, a bordo de un submarino que no estaba en condiciones de cumplir la misión que le asignaron. Las familias perdieron a sus seres amados. La Armada Argentina perdió a sus camaradas y el respeto por sí misma”, señala el documento.
La querella, integrada por familiares de 34 de los tripulantes fallecidos, considera insuficientes las condenas y presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal. “Solicitamos se amplíe la condena a Villamide al máximo del tipo penal, 5 años de cumplimiento efectivo, y se revoquen las tres absoluciones”, dijo Carreras.
El único condenado también presentó un planteo para que lo sobresean. Las partes aguardan que la Sala IV de la Cámara establezca la fecha de la audiencia, en la que serán escuchadas antes de que se defina el futuro del caso.
“Ellos cumplieron con su deber. Esperamos que los jueces cumplan con el suyo”, expresaron.
A ese reclamo se suma una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la causa de espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.
La medida se tomó después de que la Corte Suprema rechazara los recursos de las querellas y dejara firmes los sobreseimientos del expresidente Mauricio Macri y de Gustavo Arribas, exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia.
“Aún no ha habido novedades, el reclamo internacional tiene varios pasos y suele ser bastante lento el proceso, pero estamos confiados en el resultado, siendo inconcebible el atropello a las garantías constitucionales perpetradas en aquel espionaje”, señaló Carreras.
La falta de justicia
Con excepción de la única condena, los familiares encontraron pocas respuestas en los tribunales. La causa tardó más de ocho años en llegar a juicio oral, que comenzó el 3 de marzo pasado ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos.
En más de 30 audiencias declararon alrededor de 90 testigos, pero el proceso concluyó con una sola condena.
Para los familiares, aún más indignante fue el fallo de la Corte que desvinculó al expresidente Mauricio Macri de la causa por el espionaje al que fueron sometidos por la entonces Agencia Federal de Inteligencia, que durante el gobierno de Milei recuperó su antiguo nombre de Secretaría de Inteligencia del Estado.
Durante esos meses de reclamos e incertidumbre, sostienen, el gobierno de Macri no solo les negó apoyo, sino que también los espió con el argumento de que se trataba de cuestiones de seguridad interna.
Más allá de esas justificaciones y de las decisiones judiciales, las familias de los 44 marinos siguen sin obtener justicia.






