Este apoyo financiero fue implementado para evitar que los gobernadores tuvieran que buscar fondos en el mercado de capitales o entidades bancarias, donde las tasas de interés en dólares son significativamente más altas. El préstamo que se acordó se establece en un 15% anual, y debe ser saldado dentro del año fiscal, con un descuento directo de la coparticipación federal. De esta manera, para las provincias, estos montos se contabilizan como parte de su deuda flotante.
Las jurisdicciones que solicitaron la asistencia del Ministerio de Economía incluyen Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Esto evidencia que, a pesar de que los gobernadores se vieron obligados a realizar ajustes en sus administraciones ante la disminución de los envíos del Gobierno Nacional y su propia recaudación, estas medidas parecen no ser suficientes.
Según información con base en fuentes cercanas al tema, hay tres provincias que han tomado la decisión de solicitar una refinanciación al Gobierno Nacional, mientras que una cuarta está en proceso de evaluación. La aprobación de dicha refinanciación dependerá del visto bueno del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo.
En el primer trimestre del año, el superávit primario de las gobernaciones experimentó una caída, pasando del 0,4% del PBI en 2025 al 0,2% en 2026. Esta tendencia indica que las provincias podrían pasar a un déficit. En julio se registraría una excepción, ya que la coparticipación aumentó por el vencimiento del Impuesto a las Ganancias de las personas, que se pagó el 27 de ese mes.
La deuda pública de las provincias alcanzó el 3,4% del PBI en el primer trimestre de este año, lo que representa un incremento de 0,2 puntos respecto al mismo período de 2025, según un informe de una consultora que utiliza datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP).
El informe destaca que “el stock de deuda consolidado de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires totalizó $32,6 billones al cierre del primer trimestre de 2026. En términos de moneda constante, esto significa un aumento del 7% en comparación con el mismo período de 2024”. Asimismo, se detalla que “de esta manera, la deuda provincial representa el 3,4% del PIB, comparado con el 3,2% de hace un año”.
El estudio también revela que el 74,4% de la deuda de las provincias corresponde a bonos, mientras que el financiamiento de organismos internacionales representa el 20,1%. Los bancos aportan el 3,1%, y el gobierno nacional el 1,6%. Finalmente, el 0,7% se relaciona con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y lo que se clasifica como “deuda consolidada”, que se refiere a compromisos regularizados a través de planes de pago anteriores.
