En la jornada también participarán la subsecretaria de planeamiento estratégico de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Paula Taddei Farfán, y el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez. La administración busca establecer un régimen jurídico societario integral que regule la creación, operación, transformación, fusión, escisión y disolución de sociedades, una iniciativa que fue detallada a principios de este mes.
Recientemente, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) advirtió que “la mayor autonomía y las menores restricciones por parte de los organismos del Estado que se propone es loable en muchos aspectos, pero puede generar distorsiones en la responsabilidad empresarial, tanto para los propios socios como para terceros”. En particular, la eliminación del requisito de capital mínimo y la supresión de la obligatoriedad de constituir reservas legales, así como la liberación de la disponibilidad de las reservas existentes, pueden desproteger a los acreedores frente a posibles vaciamientos.
La CAC señaló que “el proyecto profundiza la digitalización de la vida societaria, por ejemplo, a través de firmas digitales, domicilios electrónicos, libros digitales y trámites íntegramente remotos”. En este contexto, sugirió la necesidad de una adopción opcional o al menos gradual, considerando las diferencias en las capacidades de las unidades productivas del país para adoptar tales cambios.
Además, la organización observó que “se habilitaría a declarar expresamente que una sociedad opera mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de Inteligencia Artificial sin recursos humanos para su operación ordinaria”, lo que plantea preocupaciones sobre quién sería responsable en caso de dolo penal, fraude o responsabilidad civil si el patrimonio de una sociedad automatizada se ve comprometido.
Esto se relaciona directamente con la creación de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), que contaría con regulaciones específicas para el uso de contratos inteligentes y tecnología blockchain. Si se aprueba, estas sociedades podrían ser constituidas y operar completamente en entornos virtuales, implementando protocolos y reglas autoejecutables.
Por otra parte, el proyecto reconoce la posibilidad de emitir y transferir participaciones sociales en formato digital, permitiendo la utilización de mecanismos tecnológicos para la gestión societaria, la votación y la trazabilidad de operaciones.
En cuanto a las soluciones para crisis y conflictos internos, se incorporan herramientas específicas para lidiar con el bloqueo, conflictos entre socios, y la salida o exclusión de socios. Asimismo, se prevén procedimientos de mediación, arbitraje y métodos alternativos para la resolución de controversias, permitiendo que los estatutos establezcan métodos para la valoración y compensación de participaciones, evitando así la paralización o judicialización de la vida societaria.
Sturzenegger comparecerá en un Senado que, por el momento, mantiene en discusión la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que está agendada para este jueves. Dicha iniciativa, dictaminada hace semanas, se ha convertido en un reto para la líder libertaria, quien ha enfrentado críticas tras las modificaciones realizadas en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. A pesar de que se ha postergado la discusión en una sesión anterior, los aliados continúan exigiendo cambios a la propuesta, que parece desmoronarse con el paso del tiempo.
