La Policía de la Ciudad hizo entrega de los dispositivos a los jóvenes en sus domicilios. Se trata de teléfonos equipados con una aplicación especial, que se activan en caso de emergencia para alertar a las autoridades pertinentes.
Respecto a la tobillera de geolocalización que debe llevar Porcel, la misma fuerza policial es responsable de su entrega, aunque este proceso se ha visto retrasado debido a la falta de datos específicos del imputado, tales como su domicilio y el rango de distancia al que debe permanecer de las víctimas. Esta información debe ser proporcionada por la Justicia a la Policía.
En este marco, el abogado de las víctimas, Pablo Hawlena Gianotti, ha presentado dos reclamos formales ante el juez, enviados entre el lunes y el martes, y un tercer escrito fue redactado el miércoles. “Ya es el sexto día sin tobillera”, destaca el letrado.
La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional dejó en claro la semana pasada que se debe proceder de inmediato con la colocación del dispositivo, según un documento al que se tuvo acceso. A pesar de que esta decisión fue comunicada el jueves por la noche, el imputado no ha recibido aún el aparato.
“Debió haber sido, como máximo, el viernes 29 de mayo”, comenta el querellante sobre el procedimiento. Los responsables de proporcionar el dispositivo a Porcel han indicado que la entrega se retrasará hasta que se obtengan los datos requeridos.
Porcel es acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el aprovechamiento de una situación de guarda, donde se habrían visto involucrados diez menores de entre 11 y 15 años. También enfrenta cargos por corrupción de menores y la producción de representaciones sexuales de un menor sin consentimiento.
Según la investigación, los incidentes habrían tenido lugar en oficinas y domicilios asociados al imputado, donde supuestamente se aprovechaba de la confianza de las familias. Los menores serían trasladados a esos lugares, donde se les ofrecía alcohol y se les inducía a participar en situaciones de contenido sexual mediante diversas excusas.
La semana pasada, la Justicia determinó que los testimonios obtenidos en cámara Gesell mostraron una “coherencia interna”, una “estructura lógica” y signos de malestar compatibles con situaciones de abuso, lo que llevó a confirmar el procesamiento de Porcel.
A pesar de esta confirmación, se decidió que el imputado permanecería en libertad, considerando su arraigo, domicilio estable, empleo conocido y la ausencia de antecedentes de incumplimiento de restricciones previas. No obstante, se ordenó implementar medidas adicionales de control y protección para las víctimas.
Entre estas medidas, se incluyó la colocación inmediata de un dispositivo de rastreo y geolocalización sobre el cuerpo del imputado, así como sistemas de alerta para los denunciantes en caso de acercamientos prohibidos.
En otra resolución, se aprobó la extracción obligatoria de ADN de Porcel para su registro en el Registro Nacional de Datos Genéticos relacionados con investigaciones criminales.
La defensa había impugnado esta medida, argumentando que solo puede aplicarse a personas con condena firme y que infringe derechos constitucionales como la presunción de inocencia y la intimidad. No obstante, el tribunal argumentó que la legislación vigente permite la incorporación de perfiles genéticos de imputados y procesados, y consideró que se trata de una medida “instrumental y registral”, similar a la toma de huellas dactilares.
