Al inicio de la sesión se rendirá homenaje al exsenador Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza por La Rioja, y al ex titular del gremio APL Norberto Di Próspero, fallecidos días atrás. También se recordará un nuevo aniversario de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Además, Claudia López jurará en reemplazo del exlegislador. La oposición podría plantear cuestiones de privilegio.
Tampoco está claro si habrá tensión en el recinto por un proyecto de resolución que recibió aval en la reunión de Labor Parlamentaria de ayer. La iniciativa busca obligar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a presentarse el miércoles 18 de noviembre para brindar un informe de gestión. El kirchnerismo reclama esa comparecencia desde hace tiempo y ahora se sumaron otras bancadas.
El planteo se basa en el incumplimiento del artículo 101 de la Constitución, que establece la obligación de que el jefe de Gabinete concurra una vez por mes al Palacio Legislativo, con presentaciones alternadas entre ambas cámaras. Desde la Casa Rosada informaron horas atrás que el funcionario está dispuesto a asistir el 25 de noviembre.
En torno de la ley de salud mental quedan dos puntos sin acuerdo en algunas oficinas aliadas. El primero se refiere a los recursos, una cuestión que suele generar diferencias. Ayer, el propio oficialismo adelantó que precisaría con más detalle la implementación de la iniciativa para reducir las objeciones. Algunas provincias mantienen su resistencia.
El segundo debate, reanudado luego de que trascendiera meses atrás, enfrenta a profesionales de la salud mental y generó diferencias entre el Gobierno nacional y las provincias agrupadas en el Consejo Federal de Salud. Varios integrantes de ese organismo reclaman que psicólogos y psiquiatras tengan la misma prioridad.
¿Qué propone el articulado? Para las internaciones, se reemplazará la exigencia de que intervenga un psiquiatra por la de un médico, con preferencia por esa especialidad, o un profesional con formación en salud mental. Se requerirá además la firma de otra persona, para la que se apunta a un psicólogo, quien tendrá participación en la evaluación y en una eventual alta. Como en este último caso también se incluye la palabra “preferentemente”, se acordó quitarla para evitar interpretaciones y porque no existe una profesión que pueda reemplazar a la de psicólogo.
Anteayer, fuentes al tanto de las negociaciones señalaron que había fuertes presiones para equiparar a ambos profesionales. También participaron universidades y un senador médico que respaldó el reclamo de los psicólogos, lo que convirtió la disputa en una controversia inusual.
El Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, desde los 12 millones de dólares y destinado a grandes empresas, fue promovido por Eduardo Vischi, titular de la Unión Cívica Radical en el Senado y representante de Corrientes. La propuesta consideraría planes productivos aquellos destinados “a la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las ganancias, así como a la realización de obras, a ser afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en el territorio de la República Argentina”.
La versión final del proyecto incorpora cambios reclamados por el radical Maximiliano Abad, de Buenos Aires; el jefe del PRO, Martín Goerling, de Misiones, y el peronista disidente Carlos Espínola, de Corrientes, en favor de los insumos locales.
La iniciativa sobre bonos de carbono establece un “marco jurídico aplicable a la titularidad, registro y comercialización de créditos de carbono generados por proyectos que se desarrollen en el territorio nacional y establecer el marco habilitante para su participación en los mercados de carbono nacionales e internacionales”.
A las 20 de anoche avanzó formalmente el dictamen para crear “en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación el Registro Nacional Único de Alimentantes Morosos (ReNUAM)”. El organismo tendrá “por objeto la conformación de una base de datos unificada, dinámica, de soporte digital y de acceso público y gratuito, que consolide e interconecte la información de las personas inscriptas en los Registros de Alimentantes Morosos de todas las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Para avanzar con la propuesta se unificaron los proyectos del peronista pampeano Pablo Bensusán y de la aliada de orientación radical Elizabeth Terenzi, de Chubut.
