El Congreso se convirtió en escenario de reclamos por la salida del excandidato presidencial de Brasil, pese a la prohibición de abandonar ese país dictada por el Supremo Tribunal Federal. Germán Martínez, titular de Unión por la Patria, difundió una declaración suscripta por legisladores de diversas bancadas. Allí se exigen respuestas urgentes a los pedidos de informes y la presencia de Santilli, Monteoliva y Quirno en la Cámara baja, para que expliquen lo ocurrido en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional. El documento también reclama que el Gobierno reconozca formalmente el triunfo de Lula da Silva y reanude el diálogo con Brasil. Fue elaborado en el despacho del bloque peronista y recibió nuevas adhesiones durante el día. Al cierre de esta edición, lo habían respaldado legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, La Izquierda, el socialismo y el monobloque de Marcela Pagano.
Los planteos empezaron a presentarse desde temprano. El diputado Agustín Rossi dirigió su reclamo contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, al que pidió interpelar para que precise qué áreas del Gobierno participaron en el paso de Bolsonaro por la Argentina. “Bolsonaro se fugó. Milei lo ayudó. Los hechos están a la vista. Las explicaciones, no”, afirmó el exministro de Defensa. Rossi sostuvo que el episodio tiene una gravedad institucional excepcional y puede perjudicar el vínculo con Brasil. “La fuga de Bolsonaro, facilitada por el gobierno argentino, es uno de los hechos más graves desde el retorno de la democracia que afectan la relación de nuestro país con Brasil.” escribió.
El pedido también consulta por la intervención de Santiago Caputo: “¿Cuál fue el rol que cumplió el asesor presidencial Santiago Caputo? ¿Estuvo presente en el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú en las horas previas al despegue del vuelo? En caso de respuesta afirmativa, detalle de qué modo llegó hasta la ciudad de Puerto Iguazú, quién pagó sus traslados y con qué funcionarios de los distintos organismos presentes en el Aeropuerto interactuó.”, señala el escrito.
A su vez, Pablo Juliano, de Provincias Unidas, presentó un proyecto para interpelar a Quirno, con 91 preguntas sobre la actuación oficial en la fuga. Busca establecer si las autoridades conocían las restricciones judiciales impuestas a Bolsonaro y qué gestiones diplomáticas realizaron para facilitar su traslado. “Quirno tiene que explicarles a los argentinos si el Estado lo ayudó a escaparse. La política exterior no puede ser un club de amigos de la ultraderecha que se cubren entre ellos” escribió en su cuenta de X. El proyecto también indaga sobre Santiago Caputo: pide precisiones acerca de una eventual presencia suya en Puerto Iguazú durante el operativo, sus posibles contactos con el senador brasileño y una eventual participación en la organización del vuelo.
Juliano reclama, además, que se explique por qué la Argentina no reconoció el triunfo de Lula da Silva y qué consecuencias tienen para la relación bilateral los reiterados ataques de Milei al presidente brasileño.
Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro presentó otro pedido de interpelación, dirigido a Quirno y Monteoliva, para que detallen las acciones de los organismos bajo su responsabilidad. “Tienen que dar la cara y rendir explicaciones ante el Congreso”, sostuvo. También acusó al Gobierno de haber puesto a Migraciones, la PSA y la SIDE al servicio de la fuga. “Brindan asistencia operativa para concretarla” sentenció.
Las denuncias
En el ámbito judicial, Marcela Pagano denunció el paso de Bolsonaro por la Argentina y pidió investigar posibles delitos de encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La diputada solicitó las grabaciones del puente Tancredo Neves y del aeropuerto, los datos de los pasajeros y los documentos relativos a la contratación del avión.
El socialista Esteban Paulón denunció a Milei, Quirno y Caputo por presunto encubrimiento agravado. Solicitó que se determine quién pagó el vuelo y puso el foco en Baires Fly y sus vínculos con Sergio Daniel Mastropietro, mencionado en investigaciones posteriores al escándalo de corrupción en la ANDIS.
Gabriel Solano, referente de izquierda, también denunció a Milei. La causa quedó a cargo de María Eugenia Capuchetti. El dirigente del Frente de Izquierda pidió investigar si el Presidente recurrió a fondos públicos para facilitar la fuga y lo acusó de presunto encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
