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El Gobierno porteño presenta una denuncia formal contra Laura De Marinis

24 septiembre, 2026
in Política
El Gobierno porteño presenta una denuncia formal contra Laura De Marinis
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El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires formalizó una denuncia contra la jueza Laura de Marinis ante el Consejo de la Magistratura. La magistrada se defendió afirmando: “Tengo tranquilidad con lo que decidí porque está fundado en el derecho constitucional y convencional”, y advirtió que los intentos de juicio político por parte del GCBA “debilitan las instituciones democráticas”. Este caso se desató tras el fallo de De Marinis, quien declaró inconstitucional la reducción de la edad de punibilidad en relación a un menor de 14 años, lo que generó reacciones en la Legislatura, donde opositores propusieron proyectos en apoyo a la jueza.

La amenaza política del Gobierno porteño se hizo efectiva este miércoles: tras un anuncio previo sobre solicitar la conformación de un jury de enjuiciamiento, el ministro de Justicia, Gabino Tapia, comunicó a través de su cuenta en redes sociales que la denuncia fue presentada. Según el documento del Ministerio de Justicia, al que se tuvo acceso, se exige investigar si la conducta de la jueza podría considerarse como un mal desempeño y un desconocimiento del derecho.

Entre los fundamentos de la denuncia, se sostiene que la jueza no explicó adecuadamente su decisión de aplicar el antiguo “régimen penal de minoridad”, que presuntamente actuó contraviniendo una ley nacional y que no consideró opciones alternativas a la privación de libertad, optando por declarar inconstitucional el artículo que establece la baja en la edad de punibilidad.

La presentación del GCBA, tras una serie de ataques a la jueza, incluye una declaración implícita de que se busca proteger “la independencia de los jueces ante presiones políticas, sociales e institucionales”, al tiempo que se asevera que esa independencia no debe entrar en conflicto con la “responsabilidad” de examinar si esa libertad se ejerce dentro del marco legal correspondiente.

Luego de recibir apoyo de diversas organizaciones, De Marinis rompió el silencio en declaraciones radiales. Afirmó tener “tranquilidad con lo que decidí porque está fundado en el derecho constitucional y convencional”. En su fallo, argumentó sobre la situación socioeconómica del joven acusado de un intento de robo que no se llevó a cabo, sosteniendo que su decisión fue justificada debido a la “aplicación regresiva” del sistema penal dado el contexto de vulnerabilidad en el que se encontraba el adolescente.

El fallo resalta las difíciles condiciones del chico sobreseído: un hogar con un padre ausente, una madre desempleada y enferma, un hermano que quedó sin trabajo, y una vivienda sin gas debido a la falta de pagos, subsistiendo principalmente gracias a asistencias económicas y donaciones de comida. El menor expresó su deseo de “ayudar a mi mamá como sea, ir al colegio y empezar boxeo”. La jueza consideró en su escrito que “no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables”.

De Marinis también abordó los ataques políticos y mediáticos que ha enfrentado recientemente, afirmando que “tengo que mirar las leyes, no la repercusión mediática, porque si no pierdo mi rol como jueza”. Argumentó que “mis decisiones se cuestionan a través de los fallos judiciales. Un juicio político es cuando uno no cumple con el desempeño de su función”, y añadió que el pedido de jury “por el fundamento de mis decisiones” solo “debilita las instituciones democráticas”.

Según información de fuentes judiciales, el futuro de las dos causas abiertas tras el fallo de la jueza muestra perspectivas distintas. Se considera que es poco probable que el pedido de jury avance en el Consejo de la Magistratura, ya que el oficialismo no contaría con el apoyo necesario para conformar el jurado. Sin embargo, se mencionó que este escenario podría cambiar si la situación se agudiza.

Por otro lado, la apelación presentada por la Fiscalía contra la decisión de la jueza podría tener un recorrido más favorable, con posibilidades de que la Cámara revoque el fallo de primera instancia. Esta apelación ya fue asignada y revisará la Sala N°3 en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, bajo la presidencia de los jueces Jorge Franza e Ignacio Mahiques.

En la Legislatura, también se está debatiendo la situación. Legisladores del peronismo han presentado un proyecto de resolución que apoya a De Marinis, firmado por Andrés La Blunda, que se opone “al anuncio de promover el juicio político de la magistrada como respuesta al contenido de una decisión jurisdiccional”, reafirmando “la plena vigencia de la independencia judicial, la división de poderes y el derecho de niñas, niños y adolescentes a una protección integral.

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