El presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, comunicó esta medida a la medianoche del viernes, a través del Decreto Supremo 5716, que finaliza el esquema de subsidios y establece un nuevo precio referencial para el diésel.
Desde el Gobierno, se argumenta que esta iniciativa forma parte de un programa destinado a enfrentar la crisis económica, con el fin de reducir el gasto fiscal causado por los combustibles y mejorar el abastecimiento, tras varios meses de escasez.
La Central Obrera Boliviana (COB) ha manifestado su contundente rechazo a esta resolución, que ya ha sido calificada por algunos sectores como “dieselazo”. La central convocó a un ampliado nacional de emergencia para discutir posibles acciones a seguir. En su pronunciamiento, la COB expresó que esta medida supone un duro golpe a la economía popular, afecta a la estabilidad de las familias trabajadoras y podría desatar un aumento inflacionario que impactará en el costo de la canasta básica y en los modos de vida de los trabajadores.
La organización sindical anunció que “en uso de sus atribuciones orgánicas y estatutarias, convoca de manera inmediata a un ampliado nacional de emergencia, con la participación de todas las Confederaciones, Federaciones Nacionales, Centrales Obreras Departamentales (COD’s) y Regionales (COR’s) para evaluar la coyuntura, escuchar la posición orgánica de los sectores afiliados y definir las medidas de lucha que correspondan”.
Los transportistas, por su parte, se reunirán en Santa Cruz el día de mañana para establecer acciones en reacción al decreto. Lucio Gómez, dirigente de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, indicó que el sector está en estado de emergencia y se tomarán decisiones definitivas sobre cómo proceder.
“Estamos en emergencia, pero mañana se decidirá el rumbo del transporte boliviano”, aseguró Gómez en una conferencia de prensa. Este sector ha sido uno de los primeros en sentir el impacto de la norma, ya que el incremento en el costo del combustible ha aumentado los gastos operativos de camiones y autobuses, lo cual afectará los precios de pasajes y fletes.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, alertó este lunes que el efecto del decreto podría extenderse a toda la economía, especialmente por la subida de los costos de transporte y su potencial efecto en los precios de los mercados. El diésel es fundamental para la circulación de mercancías, la producción agropecuaria y diversas actividades económicas, lo que implica que su encarecimiento podría influir en el abastecimiento y en el precio de alimentos y otros productos esenciales.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por las repercusiones sociales y económicas que esta medida puede generar. Reconocemos que el Estado enfrenta retos económicos; sin embargo, cualquier política pública debe tener en cuenta la protección de derechos fundamentales como el acceso a la alimentación, al trabajo, a la salud y a la educación
