La comunicación fue realizada por el portavoz presidencial, Adrián Ravier, en su primera conferencia de prensa a cargo de la Secretaría de Comunicación y Medios. Durante la misma, trató de distanciar a la actual gestión de los antecedentes de su predecesor, aunque confirmó que la Casa Rosada llevará a cabo un análisis interno sobre el accionar de los empleados involucrados en el caso.
Este anuncio representa el primer reconocimiento oficial del Ejecutivo acerca de la evaluación de posibles responsabilidades administrativas, en paralelo a la pesquisa que continúa en el ámbito judicial. Hasta el momento, el Gobierno había sostenido que el tema era de exclusiva competencia de la Justicia.
Ante la consulta de una periodista sobre la posibilidad de una investigación interna en torno a los gastos realizados con tarjetas de crédito por empleados de la ex Vocería Presidencial, Ravier expresó: “Sí, por supuesto, estamos apenas llegando, pero todas estas cosas se están evaluando y analizando”.
Otras fuentes oficiales confirmaron que la investigación administrativa interna efectivamente se llevará a cabo. Entre los involucrados se encuentra la directora general de Actividades Presidenciales, Laura Schiuma, quien habría declarado ante la Justicia que prestó su tarjeta de crédito para la compra de un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8, valuado en alrededor de $2,18 millones, y que luego Adorni le habría devuelto el dinero en efectivo.
También figura Luis Enrique Aluju, quien en ese momento era coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace. Según la documentación revisada en la causa, se le atribuye haber colaborado en la adquisición de dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K, pagados con dos tarjetas de crédito a su nombre.
Aunque el Gobierno no proporcionó detalles específicos sobre el alcance de dicha revisión, la respuesta de Ravier marcó un cambio en la postura que había mantenido la Casa Rosada desde que estalló el escándalo y comenzaron a circular testimonios de funcionarios que admitieron haber facilitado sus tarjetas personales para que Adorni llevara a cabo compras. Hay también la posibilidad de que se tomen medidas disciplinarias contra los involucrados, dado que formaban parte del equipo de Adorni y el proceso de transición con el nuevo vocero aún no ha finalizado.
Ravier subrayó, sin embargo, la importancia de distinguir entre la actuación administrativa del Gobierno y la investigación penal. En este sentido, señaló que el ex funcionario “tomó la decisión personal de abandonar el Gobierno de forma indeclinable y enfrentar el proceso judicial como un ciudadano privado”, por lo que consideró que no le corresponde opinar sobre el expediente ni sobre las decisiones de los tribunales.
“No es parte de mi rol como vocero hablar de detalles del caso ni darles mi opinión al respecto, en tanto ya no forma parte de la marcha del Gobierno”, afirmó ante la prensa. Luego reiteró que la función de la Vocería se enfocará en informar sobre la gestión del Poder Ejecutivo y destacó que “la vía judicial continuará y veremos hacia dónde se dirige”.
Las declaraciones del Gobierno constituyen la primera postura institucional luego de la renuncia de Adorni, quien dejó su cargo en medio del avance de la causa que investiga las compras de artículos relacionados con el gaming utilizando tarjetas de crédito de funcionarios que estaban bajo su dirección.
La investigación administrativa que se iniciará buscará determinar, al menos en una primera fase, si el uso de tarjetas personales entre superiores y subordinados vulneró normas de ética pública o las regulaciones internas de la administración, independiente de las conclusiones que alcance la Justicia sobre la posible existencia de un delito.
Esta acción se produce en un contexto en el que la investigación judicial continúa recopilando pruebas para esclarecer cómo se llevaron a cabo las compras y cuál fue el rol de cada uno de los funcionarios implicados. La hipótesis que se investiga sugiere que las adquisiciones eran luego reintegradas en efectivo por el ex funcionario, lo que ha suscitado la atención de la Justicia por el posible origen de los fondos y el uso de medios de pago pertenecientes a terceros.
Recientemente, varios funcionarios y ex miembros del equipo de Adorni han declarado en la causa. Simultáneamente, los investigadores siguen recolectando documentación bancaria y comercial para reconstruir cada transacción, verificar los movimientos de dinero y establecer si existe una correlación entre las compras, los reintegros y el patrimonio declarado por el ex funcionario.
La Casa Rosada busca presentar el caso como un asunto individual. Con Ravier ya instalado como nuevo portavoz presidencial y Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, el Gobierno intenta dar por finalizada la etapa política de Adorni.
El ex jefe de Gabinete sigue siendo investigado en tres causas federales: una por presunto enriquecimiento ilícito, que examina su patrimonio y las adquisiciones realizadas con tarjetas de funcionarios; otra por posibles negociaciones incompatibles con la función pública, vinculadas a la consultora de su esposa; y una tercera por presuntas dádivas, relacionada con un viaje en avión privado a Punta del Este. Hasta el momento, ninguna de estas investigaciones ha llegado a una resolución definitiva, y aún no ha sido citado a indagatoria.
