Luego de la controversia desatada por la interrupción de la comercialización de granos durante 72 horas en protesta por las restricciones a las exportaciones de maíz, el Gobierno y los representantes de los productores agropecuarios reanudaron la mesa de diálogo la semana pasada. El objetivo de esta reunión fue buscar una salida consensuada para enfrentar la creciente presión alcista sobre los precios de los alimentos, generada por el aumento de costos en la producción y la tendencia de exportar cosechas, ante los precios récord que se observan en los mercados internacionales.
En el marco de las mesas sectoriales de maíz y trigo, los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo, dirigidos por Luis Basterra y Matías Kulfas, respectivamente, propusieron facilitar el acceso al crédito para los pequeños y medianos productores. Esta medida incluiría la otorgación de garantías totales o parciales para respaldar créditos otorgados por entidades financieras, dirigidos a aquellos que requieren trigo y maíz en el mercado local, ya sea como insumos para la crianza de ganado o para la elaboración de alimentos.
Los préstamos que se ofrecerán a través de los bancos, tanto públicos como privados, contarían con el respaldo del Fondo de Garantías Argentino (Fogar). Esta garantía permitiría a los productores evitar trasladar de manera directa los posibles incrementos en sus costos de producción a los precios finales, proporcionando así un resguardo frente a eventuales desajustes económicos.
El foco de esta propuesta se centra en los criadores de ganado y los molinos de trigo, ya que se busca mitigar el aumento de precios en productos esenciales como la carne y el pan.
Asimismo, el Gobierno ha solicitado a cada sector que presente un diagnóstico detallado sobre la demanda de granos, con el objetivo de colaborar con los productores primarios y asegurar la estabilidad en precios y cantidades. En este contexto, la industria avícola ha informado haber superado los desafíos inmediatos, mientras que los molinos confían en manejar la situación en el corto plazo, lo que sugiere una visión optimista respecto a la oferta de estos productos.
Por otra parte, se discute también la posibilidad de ampliar las operaciones de cobertura a través del Rofex, lo que podría permitir asegurar volúmenes anuales y obtener costos más bajos, aunque esta medida aún está en fase de evaluación.
Los representantes del campo, organizados en las Mesas del Maíz y del Trigo, han sugerido al Gobierno la creación de un “fondo anticíclico alimentario”. Este fondo utilizaría parte de los ingresos adicionales que el Tesoro podría recaudar este año debido al inesperado aumento de los precios internacionales de las commodities. La idea es establecer un colchón financiero que permita “desacoplar” los precios internos de las variaciones en el contexto internacional, una medida que el Gobierno ha manifestado como objetivo para evitar la transmisión de las subidas de precios exteriores al mercado local.
Según las estimaciones de los protagonistas que apoyan dicha iniciativa, el Gobierno prevé que este año recaudará aproximadamente $ 5.835 millones en derechos de exportación vigentes. Sin embargo, dados los precios actuales, se estima que esa cifra podría superar los $ 8.000 millones. El sector agropecuario aspira a que parte de los más de $ 2.200 millones resultantes de ese superávit se reinviertan en la actividad, aunque se anticipa que una porción de dichos fondos será destinada a financiar la demanda de insumos importados en la industria.
Tal como se ha informado con anterioridad, el Gobierno ha mostrado reticencias a avanzar con un aumento de las retenciones aplicadas a los graneles. Esta decisión responde a la intención de no generar más tensiones en la relación con el ámbito agropecuario y arriesgar una agenda de trabajo que se extiende más allá de las circunstancias actuales.
Sin embargo, el aumento de la inflación en el sector de alimentos es motivo de preocupación para muchos funcionarios, especialmente en el contexto de que la canasta básica alimentaria — un indicador que mide el umbral de la indigencia — ha registrado un incremento superior a 10 puntos en comparación con la inflación del 2020, alcanzando un aumento del 45,5%. En un año electoral, y con los ingresos mermando ante la inflación, se podrían anticipar medidas agresivas para abordar esta situación.
El jueves pasado, en el marco de una reunión del gabinete económico, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, expuso sobre el impacto de la escalada de precios a nivel internacional y las coordinaciones que se están realizando desde el Gobierno con la cadena agroalimentaria. Su objetivo es lograr que los alimentos mantengan “valores que sean razonables para la población”. En este contexto, Basterra reconoció que “se están identificando los instrumentos necesarios para lograr un desacople de los precios”, subrayando que el Gobierno busca asegurar que las medidas a implementar cuenten con el consenso de todos los actores involucrados.
