A principios de esta semana, el presidente Javier Milei y su círculo más cercano fueron informados sobre el contenido de esos audios, que formaban parte de un paquete más amplio de pruebas que comprometían a Adorni. La trama se complicó cuando el mandatario y su hermana, Karina Milei, descubrieron que el exfuncionario había exigido a sus subalternos que le prestaran tarjetas de crédito para realizar compras sustanciales ocultando su identidad. Esta situación fue noticia cuando se conocieron detalles sobre esas transacciones.
Consciente de la gravedad de las acusaciones y del potencial crecimiento de la presión pública, Javier Milei decidió destituir a Adorni el viernes. La decisión se produjo justo cuando el presidente abordaba un vuelo hacia España, siendo evidente que su relación con el jefe de Gabinete se había deteriorado irreparablemente después de una defensa incondicional durante tres meses.
El clima político se volvía hostil para Adorni, ya que la independencia de la prensa comenzaba a revelar información comprometedora respecto a sus acciones. Durante su estadía en España, Milei expresó que no dudaría en despedir a Adorni si la Justicia lo hallaba culpable, afirmando: “Si la Justicia lo encuentra culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada”. Esta declaración generó dudas sobre la credibilidad del exfuncionario, quien hasta entonces tenía el respaldo del presidente.
Las discusiones sobre su destitución estaban en auge en Buenos Aires. Mientras la senadora Patricia Bullrich intentaba evitar una inminente interpelación, Adorni convocaba a los senadores de La Libertad Avanza a reuniones en la Casa Rosada, donde se encontraba acompañando a Karina Milei. Los motivos de estas reuniones eran inciertos, pero Adorni seguía insistiendo en que su accionar había sido legítimo, incluso defendiendo su decisión de evadir impuestos en el pasado.
Uno de los senadores mencionó posteriormente que Adorni justificó no haber declarado ciertos ingresos relacionados con su patrimonio, mientras reiteraba que mantenía el apoyo del presidente. Sin embargo, el rechazo de sus superiores se hacía evidente: incluso Bullrich se comunicó con él enojada tras su mensaje público que contradijo las gestiones que ella había realizado para protegerlo.
Mientras tanto, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y su equipo recopilaban evidencia adicional para el caso, lo que solo incrementaba la presión sobre Adorni. Entre otros datos, el fiscal Gerardo Pollicita había solicitado una pericia para evaluar las contradicciones y la falta de justificación en su patrimonio.
Ante esta situación adversa, Adorni se encuentra enfrentando un futuro judicial incierto, ya que tras el receso judicial se espera una indagatoria que podría complicar aún más su situación. A pesar de sus intentos por justificar sus declaraciones patrimoniales, la falta de documentación sostenida y las correcciones presentadas lo incriminan más que lo exoneran.
Finalmente, Adorni es un exfuncionario que pronto podría encontrar su camino a los tribunales, enfrentando los escalones que ha utilizado para entrar al poder, un camino que ahora podría llevarlo hacia la rendición de cuentas.
