El escándalo que generó la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, junto con otros funcionarios y exfuncionarios, llevó a la introducción en el Congreso de dos iniciativas que buscan restringir algunos de los beneficios otorgados por la Ley 27.799.
Una de las propuestas, presentada por la senadora Juliana Di Tullio del bloque Justicialista, se dirige particularmente contra la presunción de exactitud, comúnmente referida como “tapón fiscal”, que otorga protección legal sobre los tres períodos fiscales previamente declarados. El proyecto argumenta que “lo que hace el artículo 40 es extinguir la posibilidad de que el Estado revise el pasado, sin intervención judicial, por el solo acto de pagar una declaración jurada precargada. Que ese mecanismo sea aplicable a un funcionario público investigado en sede penal constituye una afrenta al principio republicano de igualdad ante la ley y a los estándares de transparencia que el propio Estado argentino se comprometió a respetar ante la comunidad internacional”.
La otra iniciativa, impulsada por el diputado Esteban Paulón del Partido Socialista, pretende excluir a los funcionarios públicos y sus familiares directos de la posibilidad de inscribirse en el régimen simplificado de Ganancias, aplicando esta restricción a aquellos que hayan ejercido cargos públicos en los últimos diez años desde la entrada en vigencia del esquema. Esto incluye al presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministros, gobernadores, senadores, diputados, magistrados del Poder Judicial e incluso rectores y decanos universitarios, entre otros.
El texto también abarca a cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes en primer y segundo grado, e incluye a excónyuges y exconvivientes que hayan estado en esa situación durante el período mencionado.
Ambas propuestas fueron presentadas el 10 de junio, coincidiendo con la adhesión de Adorni al régimen y la difusión de una lista de funcionarios del gobierno de Javier Milei que tomaron decisiones similares. La Ley de Inocencia Fiscal, sancionada a finales de diciembre de 2025, no excluye a las Personas Políticamente Expuestas (PEP), y la adhesión de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, despertó críticas en distintos sectores de la oposición, ya que ambos son objeto de investigaciones judiciales por inconsistencias patrimoniales y otras irregularidades en sus declaraciones juradas.
La inclusión de Adorni en el Régimen Simplificado de Ganancias representó un golpe para el Ministerio de Economía, ya que en la misma semana se había mencionado un borrador del nuevo proyecto que el Ejecutivo planeaba enviar al Congreso, enfocado en proporcionar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes. Este borrador contenía recomendaciones que los profesionales habían compartido con Caputo en su reunión en el Palacio de Hacienda, tales como la eliminación de parámetros de ingresos y patrimonio, y la flexibilización de las discrepancias significativas y la impugnación de la Declaración Jurada Simplificada de Ganancias.
Al consultar sobre el tema, ni el Ministerio de Economía ni la Presidencia ofrecieron detalles la semana pasada acerca del momento en que se presentará el proyecto de modificación a la Ley 27.799. Algunos contadores aguardaban con interés esta iniciativa, especialmente considerando que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) había extendido el plazo de presentación y pago de la declaración jurada hasta el 27 de julio, lo que brindaba a los contribuyentes más tiempo para asesorarse, acceder al régimen y presentar la declaración.
Una fuente experta indicó que “sobre el proyecto, es muy bueno porque define con certeza conceptos que antes no estaban claramente establecidos y da mayor posibilidad de adhesión”, resaltando la importancia de ofrecer mayor seguridad jurídica.
Sin embargo, la principal preocupación de los asesores contables consultados era el tiempo que podría tomar la aprobación de los cambios en el Congreso, en caso de que el Gobierno enviara rápidamente la nueva versión del proyecto de “inocencia fiscal”. Caputo había expresado a inicio de mes que “vamos a estar mandando una versión renovada, luego de haber tenido esta reunión con los contadores, que nos pasaron sus inquietudes. Así que esperemos que pase en el Congreso y que este nuevo enfoque dé un impulso todavía mayor”.
A pesar de estas expectativas, el clima ha cambiado, y ahora la gran incógnita para los profesionales es si el proyecto llegará antes del 27 de julio y, si es así, si los legisladores apoyarán la iniciativa. Hay quienes consideran que no hay “mucha celeridad” para tratar los cambios sugeridos por el Ejecutivo, modificaciones que podrían permitir la inscripción de otros contribuyentes que actualmente no pueden participar bajo las condiciones existentes.
En este marco, algunos contribuyentes ya han comenzado a redactar sus declaraciones juradas en el régimen simplificado, aunque la pregunta principal es si mantendrán esa elección al momento de presentar y pagar el impuesto o si, finalmente, decidirán hacerlo bajo el régimen general.
