El conflicto se presenta entre la Cámara Penal Económico, por un lado, y la Cámara Federal de San Martín, por el otro, y deberá ser decidido por la Cámara Federal de Casación Penal.
Este caso, que se originó en Santiago del Estero, incluye a los principales directivos de la AFA. El fiscal Pedro Simón había solicitado la detención y la inhibición de bienes del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, por supuesta asociación ilícita y lavado de activos, argumentando que habrían utilizado empresas ficticias y redes societarias vinculadas a Toviggino para desviar fondos de la AFA.
El expediente fue trasladado al juzgado del juez Diego Amarante, quien recibió un pedido de inhibición por parte de su par de Campana, el juez federal Adrián González Charvay, quien alegó que en su jurisdicción se tramitaba un caso similar y que no se podía juzgar dos veces a los mismos acusados por los mismos ilícitos.
Amarante desestimó la solicitud de González Charvay, quien había cuestionado el asunto de competencia e hizo llegar el caso a la Cámara Federal de San Martín, que ha respaldado en el pasado las posiciones de González Charvay, incluso en contra de la opinión de los fiscales involucrados en el caso.
Simultáneamente, Amarante llevó el planteo a la Cámara Penal Económico, por lo que la resolución final quedará en manos de la Cámara Federal de Casación, la máxima instancia en lo penal que actúa por debajo de la Corte Suprema. Este órgano se reunirá el 12 de agosto para decidir la jurisdicción que corresponde investigar a la AFA en otros casos relacionados, que involucran los mismos delitos de lavado de activos y defraudación.
Mientras Amarante sostiene que la Cámara Penal Económico debería definir el liderazgo de la investigación, González Charvay defiende la competencia de la Cámara Federal de San Martín. Ambos tribunales tienen autoridad superior respecto a sus respectivos jueces, lo que complica aún más el panorama.
Este enfrentamiento judicial es un nuevo capítulo en la lucha por la competencia sobre las causas vinculadas a la AFA, que, tras ocho meses, aún no han encontrado un juez que las asuma con resolución definitiva.
La situación se ve impulsada por la influencia y los intereses de los actores involucrados, lo que prolonga este conflicto de competencia sin avances concretos en las denuncias.
De las causas presentadas, solo una ha avanzado hacia el procesamiento de Tapia y Toviggino, confirmada por la Cámara Penal Económico, relacionada con la presunta malversación de aportes previsionales por un monto de 19.000 millones de pesos. La denuncia original provino de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que luego amplió su acusación contra la AFA por supuestas facturaciones falsas.
La estrategia de defensa, rechazada por fiscales y querellantes, busca agrupar todos los casos en Campana, alejándolos de las jurisdicciones especializadas en delitos económicos de la Ciudad.
Otro caso relevante es el de una mansión en Pilar, valuada en unos 20 millones de dólares, cuyo dueño formal es Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, señalados como posibles testaferros. Este expediente se encuentra en el Juzgado Penal Económico N° 10, que ahora dirige la jueza Verónica Straccia, quien delegó la causa al fiscal Navas Rial, encargado de solicitar varias medidas de prueba mientras la Cámara de Casación resuelve dónde se quedará este caso.
Un tercer expediente, que también genera controversia, fue iniciado el 19 de marzo tras una denuncia sustentada en informaciones periodísticas que describen un circuito en el que, supuestamente, se desvían fondos desde el exterior a empresas intermediarias, que luego ingresan a financieras del microcentro, se contabilizan en efectivo en un estudio jurídico en la ciudad y terminan en la AFA o en un departamento en Recoleta.
González Charvay pidió la inhibitoria el 3 de julio respecto al caso originado en Santiago del Estero, que fue posteriormente transferido a Campana. En su argumento, subrayó que en ambos expedientes se investiga el “presunto desvío de fondos en perjuicio de la AFA y la emisión de facturas sin contraprestación”.
El fiscal Juan Andrés Moldes se manifestó en contra del análisis, sugiriendo que, en caso de existir alguna conexión, lo apropiado no sería remitir la causa a Campana, sino integrarla con la investigación más antigua y extensa, que es la de la mansión en Pilar. En todos los legajos, resaltó, aparecen las mismas personas, lo que menciona la necesidad de evitar la dispersión de investigaciones que comparten un mismo planteo.
Amarante defendió su competencia al afirmar que debe retener el caso, ya que solo existe una hipótesis delictiva activa relacionada con la presunta defraudación en perjuicio de la AFA. Los jueces de Santiago del Estero habían desestimado el requerimiento de instrucción por lavado de activos y asociación ilícita antes de declararse incompetentes.
Por lo tanto, el planteo de Campana ignora ese límite y sostiene una identidad de objeto con la causa de la Ciudad que no se fundamenta en las evidencias del proceso, según Amarante.
El juez argumentó que la competencia territorial se define por el lugar donde se cometieron los hechos, que es en la ciudad de Buenos Aires. Aunque la AFA trasladó su sede a Pilar para eludir los controles de la Inspección General de Justicia (IGJ), continuó operando principalmente en la Capital Federal, sostuvo Amarante.
Además, consideró que una defraudación en perjuicio de una asociación civil es un delito de competencia ordinaria, no federal. Las dos Cámaras, la Penal Económico y la de San Martín, deberán pronunciarse, y eventualmente, la Cámara Federal de Casación será la encargada de tomar la decisión final.
