Este diagnóstico fue presentado por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, durante una reunión con inversores en el marco de las asambleas anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que tuvieron lugar en Bangkok, Tailandia, en octubre de 2026. Werning enmarcó estas iniciativas dentro de un estímulo monetario que busca aumentar la competencia entre los intermediarios financieros, mejorar el perfil de los solicitantes de crédito y reducir los costos para los comerciantes.
Pese a que los índices de morosidad alcanzan niveles máximos en las últimas dos décadas, el documento elaborado por Werning indica que la proporción de préstamos bancarios en situación irregular ha comenzado a disminuir, influenciado por el desenlace electoral, mientras se observa un aumento en la refinanciación de deudas de los hogares. Así, desde el BCRA se sostiene que el ciclo crediticio podría recuperar su dinamismo.
La primera de las medidas se centra en los préstamos personales destinados a empleados públicos, cuyo reembolso se realiza mediante el sistema de descuento de haberes. El BCRA levantará el límite de la tasa de interés para estos créditos y permitirá la transferencia del código de descuento a otra entidad que cumpla con los requisitos establecidos. Esta medida busca brindar mayor seguridad a las instituciones que buscan adquirir una cartera de créditos existente y, al mismo tiempo, aumentar las opciones de financiamiento.
El objetivo es que los préstamos correspondientes a salarios del sector público circulen más activamente en el sistema financiero. Según el Gobierno, esta alternativa podría atraer a más entidades al sector y mejorar las condiciones para acceder a financiamiento.
La segunda iniciativa se enfoca en los trabajadores del sector privado que acceden a créditos con descuentos salariales. Se propone centralizar los flujos de pagos con un destinatario específico a través de la Cámara Electrónica de Compensación de Medios de Pago (Coelsa), permitiendo que el empleado mantenga el control sobre la asignación de los fondos, mientras que el empleador no tendrá que asumir tareas administrativas relacionadas con este circuito.
El propósito es organizar el proceso de cobro, minimizar fricciones operativas y evitar que las empresas actúen como intermediarias en un sistema que se concentrará en la infraestructura de pagos y en la decisión del trabajador.
La tercera medida se dirige a un problema común para los comercios: el lapso entre una venta con tarjeta y el cobro efectivo de esos fondos. La propuesta del Gobierno es reconocer los cupones de tarjeta como instrumentos legales, digitales y transferibles, los cuales podrán ejecutarse mediante procesos sumarísimos en caso de incumplimiento.
Esta modificación permitirá que los derechos de cobro por las ventas con tarjeta accedan a canales de financiamiento más amplios. Según el planteamiento, estos cupones podrán ser objeto de oferta pública y ser elegibles para inversiones en fondos comunes de inversión abiertos. La medida tiene como finalidad que los comercios puedan utilizar estos flujos futuros como respaldo para obtener liquidez, sin depender únicamente de los plazos de acreditación que estipulan las administradoras de tarjetas o de líneas bancarias convencionales.
La cuarta iniciativa está orientada al financiamiento corporativo, proponiendo la creación de un Sistema Federal de Garantías que contará con una base de datos centralizada de los activos que se ofrezcan como respaldo para préstamos garantizados. Sin embargo, la presentación no detalla el alcance operativo ni los plazos de implementación, aunque establece que el objetivo es reunir en un registro único la información sobre los bienes ofrecidos como garantía.
Este enfoque busca proporcionar información útil a las entidades que evalúan préstamos respaldados por activos. Según la visión oficial, un sistema de este tipo podría disminuir la incertidumbre sobre los activos comprometidos y facilitar el acceso a garantías para el crédito empresarial.
La quinta medida se dirige a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), que apoyan créditos destinados a pequeñas y medianas empresas mediante avales. El Gobierno planea aumentar el límite de apalancamiento para las entidades bancarias, identificando este cambio como una herramienta para expandir el alcance de las garantías y favorecer el financiamiento a las empresas.
Las SGR son fundamentales para aquellas compañías que no posean un historial financiero suficiente o activos propios que les permitan obtener créditos en condiciones más favorables. Con un límite incrementado, se espera que el Ejecutivo amplíe la capacidad de respaldo del sistema.
Además de estas cinco medidas, Werning afirmó que ya se encuentran presentes las condiciones necesarias para revitalizar el crédito. Según su exposición, las tasas de fondeo de los bancos son negativas en términos reales, además de ser bajas y estables, lo que no representa un obstáculo para el otorgamiento de créditos. También indicó que las tasas de préstamos han disminuido para las empresas y comenzarían a bajar para los hogares. Para los créditos hipotecarios regulados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), el BCRA informó que los otorgados en agosto tuvieron una tasa promedio de UVA más 6,9%.
Además, se busca ampliar el acceso al crédito bancario, reducir el costo del endeudamiento y extender los plazos de financiamiento. En este sentido, se mencionaron nuevas medidas ya implementadas, como un marco prudencial renovado para los préstamos empresariales en dólares y nuevas subastas de financiamiento a largo plazo dirigidas a hipotecas para viviendas.
Werning subrayó que el BCRA no recurrirá a “atajos” con costos ocultos para acelerar la oferta crediticia, descartando, entre otras alternativas, rescates de carteras irregulares de los bancos, una flexibilización en la evaluación crediticia y cambios que puedan mermar la protección de los depositantes.
Esta postura se fundamenta, de acuerdo con la exposición, en tres criterios: preservar un sistema bancario con capital sólido, evitar que la regulación distorsione la información sobre la calidad de las carteras y mantener niveles de liquidez que resguarden a los depositantes.
El vicepresidente del BCRA también destacó que una parte significativa del costo financiero total se debe a la estructura impositiva. Según las estimaciones presentadas, la carga tributaria representa un 32% de la tasa en los préstamos personales, un 46% en las tarjetas de crédito, un 13% en los documentos descontados por empresas y un 3,3% en los créditos hipotecarios. Se atribuye este peso, en particular, a los impuestos provinciales sobre los ingresos brutos y a las tasas municipales. Para el BCRA, la reducción del costo del crédito para los hogares requiere modificaciones en la política fiscal más que nuevas decisiones de política monetaria.
