La ley N° 14.486 fue formalizada a través del decreto 2.121, firmado el 2 de octubre por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastía. Este proyecto había recibido sanción definitiva en la Legislatura provincial hace dos semanas, donde el Senado decidió mantener la versión original frente a las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados.
La nueva legislativa añade al Código de Convivencia una contravención que sanciona a quienes, “sin autorización y cuando la actividad se encuentre prohibida por la normativa local, ofrezcan espacios para estacionar vehículos en la vía pública o servicios de guarda, cuidado, lavado o limpieza a cambio de dinero u otro beneficio, independientemente de que la retribución sea voluntaria”.
Las sanciones por esta contravención abarcan desde dos hasta diez días de trabajo comunitario, además de la prohibición de que el infractor retorne al lugar de su actividad. En caso de que el infractor regrese, las sanciones se incrementan a un rango de diez a veinte días de arresto.
La norma también prevé varias agravantes, como el incremento en las penas si se detecta el uso de violencia o amenazas, o si la actividad se realiza en áreas de estacionamiento tarifado, aprovechando la vulnerabilidad de la víctima, o durante horarios sensibles como entre las 18 y las 6, así como en cercanías de escuelas, bancos, comercios y edificios públicos.
Además, si la actividad se lleva a cabo dos horas antes o una hora después de un evento público masivo en un radio de hasta veinte cuadras, la pena se duplica.
Por otro lado, la ley estipula sanciones para las organizaciones que operan de manera sistemática, con penas de diez a veinte días de arresto en caso de que se detecte un acuerdo entre dos o más personas para llevar a cabo la actividad. Si se comprueba la existencia de organizadores o coordinadores, la pena podría incrementarse hasta cuatro veces, alcanzando un máximo de 80 días de arresto.
Asimismo, se establece que los municipios deberán adherir a esta normativa mediante ordenanzas aprobadas por los Concejos municipales, quienes serán responsables de la aplicación de las contravenciones.
En Rosario, se llevó a cabo una reunión la semana pasada para discutir cómo se implementará la normativa en la ciudad. Según se ha informado, se podría presentar un texto al Concejo en un plazo de diez días.
Sin embargo, la nueva ley ha suscitado polémica. En abril de este año, representantes de la iglesia se manifestaron en contra de la prohibición, instando a considerar el contexto social y la difícil situación económica del país.
Fabián Monte, referente de la Pastoral Social de Rosario, comentó: “La iglesia nunca está de acuerdo con ningún delito. El problema que vemos es que se empieza por prohibir todo y, por una minoría que suele acudir a la violencia o los aprietes, se restringe un ingreso de personas que están en la calle justamente por necesidad”.
El documento también sostiene que “esto no es otra cosa que el ejercicio básico de la libertad de trabajo y de contratación. Penalizar esta conducta implica avanzar sobre prácticas que, en sí mismas, no generan daño”. Según un estudio realizado por el senador rosarino Ciro Seisas, actualmente hay alrededor de 1395 cuidacoches en la ciudad.
