La actividad se centrará en la revisión del terreno donde se está desarrollando la base, y la inclusión de autoridades políticas, parlamentarias y militares añade una dimensión significativa. El Ejecutivo busca demostrar respaldo institucional a una de las principales obras que forman parte de la estrategia que Javier Milei anunció respecto de Malvinas.
Desde el Gobierno confirmaron la participación del jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y del jefe de la Armada, aunque no asistirán los titulares de las tres Fuerzas Armadas. La delegación estará liderada por Quirno y Presti.
Además, se integrarán a la comitiva legisladores nacionales de Tierra del Fuego, entre ellos Santiago Pauli, Miguel Rodríguez, Agustín Coto y María Belén Monte de Oca. Esta lista de participantes fue ajustada durante las últimas horas.
El encuentro con Melella se realizará a media mañana, aunque no se planea una conferencia de prensa ni presentación formal posterior: la actividad principal seguirá siendo la recorrida por el área destinada al proyecto.
La llegada a Ushuaia está programada para alrededor de las 10 y quienes regresen a Buenos Aires ese mismo día tienen previsto iniciar su vuelta cerca de las 17. Hasta el momento, no está contemplada una reunión con autoridades militares de Estados Unidos.
Esta visita también pretende marcar el inicio de una nueva etapa. Quirno afirmó que, tras el trabajo conjunto entre la Cancillería y el Ministerio de Defensa, el Gobierno pasó “del planeamiento a la ejecución” y señaló que la recorrida servirá para definir los próximos pasos de la Base Naval Integrada.
El canciller destacó que esta obra forma parte de una estrategia más amplia para la región austral, subrayando que su implementación permitirá concentrar recursos, mejorar las capacidades navales y reforzar las campañas antárticas, así como optimizar la protección de los intereses marítimos argentinos.
Dentro de este marco, las inversiones en telecomunicaciones anunciadas por Milei cobran especial relevancia. El Ejecutivo está trabajando para integrar estas capacidades con radares, sensores, sistemas satelitales e inteligencia de señales en una vigilancia continua del Atlántico Sur.
La intención del Gobierno es que la Base Naval Integrada funcione progresivamente como uno de los nodos de este sistema de vigilancia, centralizando información generada por diferentes medios y posibilitando la interconexión de datos sobre movimientos marítimos y aéreos en la región.
El proyecto tiene antecedentes que preceden a la actual administración. La Armada y el gobierno de Tierra del Fuego firmaron en 2004 un convenio relacionado con la reubicación y modernización de la Base Naval Ushuaia y con el desarrollo de un polo logístico austral y antártico.
Uno de los argumentos históricos para avanzar con esta nueva instalación fue el crecimiento de Ushuaia alrededor de la actual base naval. Según explican en ámbitos militares, la expansión urbana ha ido cercando las instalaciones, reduciendo así el espacio disponible para aumentar su infraestructura y capacidades operativas.
La obra fue oficialmente lanzada en 2022 y presenta un avance físico cercano al 9%. El proyecto incluye un muelle de más de un kilómetro, edificios de servicios marítimos, talleres, depósitos, cámaras frigoríficas, almacenamiento de combustible e infraestructura destinada a la logística antártica.
Tras la cadena nacional por Malvinas, Milei aprobó un refuerzo presupuestario para el Ministerio de Defensa. El Decreto 867/2026 destina más de $200.000 millones a la Base Naval Integrada y a la Base Conjunta Antártica Petrel, mientras que se estima que el costo total del proyecto de Ushuaia oscila entre US$400 millones y US$500 millones.
De esta manera, la recorrida de este viernes buscará combinar la definición de los próximos pasos de la obra, la aprobación de legisladores fueguinos, la participación de la cúpula militar y la coordinación con el gobierno provincial. Para la Casa Rosada, la base aspira a convertirse en un componente clave del despliegue logístico, militar y tecnológico con el que se pretende reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur.
