“Cuando hay discusiones centrales para el gobierno y un fuerte rechazo en la plaza, la represión es más alzada como pudimos ver esta semana”, comentó la responsable del equipo de Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Hubo escenas inusitadas: un hidrante contra un colectivo de línea, Prefectura tirando gas lacrimógeno a corta distancia hacia fotógrafos que documentaban los abusos y detenciones arbitrarias. Policías levantando casquillos para eliminar rastros de su violencia”, agregó.
La situación del jueves pasado fue clara: el objetivo del Gobierno era despejar la Plaza del Congreso justo cuando más manifestantes comenzaban a llegar, luego de sus trabajos. Aunque hubo lluvia y se había retirado un artículo del proyecto que permitía la venta ilimitada de tierras a extranjeros, la protesta continuó con la demanda de un rechazo total a la iniciativa. Además, se priorizó la habilitación de desalojos express por retrasos en pagos de alquiler, y se limitaron las facultades del Estado para expropiar. En contraste, se desestimó la modificación de la Ley de Manejo del Fuego que protege bosques y humedales.
Mientras se desarrollaba el debate y aumentaba la movilización, las fuerzas de seguridad iniciaron su ataque habitual. Utilizando camiones hidrantes, intentaron dispersar a los asistentes. A medida que la violencia policial incremento, las personas eran empujadas fuera de la Plaza, pero muchos volvían a unirse a la movilización. La respuesta de los agentes se tornó cada vez más agresiva, extendiéndose a la avenida 9 de julio.
La CPM reportó cerca de 1500 heridos por el “lanzamiento indiscriminado de gases químicos, bombas de gas lacrimógeno y agua a presión”. Según el organismo, los agentes sobrepasaron el vallado y comenzaron a avanzar sobre los manifestantes usando todo su arsenal, presentando una denuncia penal por su actuación “ilegal e ilegítima”, que limitó derechos constitucionales como la libertad de expresión y el derecho a solicitar a las autoridades.
La denuncia, que fue presentada ante el juzgado de Julián Ercolini, menciona, entre otros casos, el de una fotoreportera que, tras sufrir un traumatismo de cráneo, seguía en observación en el Hospital Argerich. Según informó su sindicato y la Asociación de Reporteros Gráficos, su estado es estable, aunque presenta una fractura en la base del cráneo.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) emitió un comunicado en el que señala que “la gravedad de los hechos incluyó la represión a manifestantes en un radio que excedió con creces los perímetros de corte vehicular”, mencionando que se disparó por encima de la cintura y se apuntó a la cabeza a corta distancia. “El uso desproporcionado de la fuerza se extendió, advierte la institución, por casi cinco horas”.
En cuanto a las detenciones, el Mecanismo para la Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires registró 21 arrestos llevados a cabo por fuerzas federales (15 hombres y 6 mujeres). El primer grupo fue arrestado a las 18:30 en Solís e Hipólito Yrigoyen, seguido de otros a las 21 y un tercero a las 23, también en las proximidades del Congreso. La Policía de la Ciudad detuvo a 7 hombres y 3 mujeres alrededor de las 19:45 en distintos lugares, algunos alejados del Congreso.
Su situación quedó bajo responsabilidad de la Unidad de Flagrancia Este. Más de la mitad de los detenidos recuperaron la libertad en la tarde siguiente, enfrentando acusaciones habituales en protestas, como atentado y resistencia a la autoridad. Al ser liberados, la fiscalía les impuso una restricción: no acercarse a 500 metros del Congreso, algo curioso dado que no hay pruebas concretas que los implicuen en un delito.
Lisandro Teszkiewicz, representante de un grupo de detenidos, afirmó: “La represión que comenzó en la hora en que muchos salen del trabajo tuvo un claro propósito de amedrentar la protesta. Es una constante de este gobierno, utilizar la represión para impedir la expresión del desacuerdo de la sociedad. Las detenciones fueron claramente arbitrarias, sin fundamentos evidentes, prácticamente justificando la misma represión”.
Emanuel Luis Zuccolo, abogado de un grupo que combate la represión, afirmó: “Frente a este nuevo avance represivo del gobierno, que dejó centenares de heridos, reiteramos que el ajuste contra la clase trabajadora y la venta de nuestras tierras, por parte de algunos funcionarios, se intenta imponer mediante la represión. Hay un pueblo solidario y consciente que se organiza y resiste en las calles”.
Como ha hecho en ocasiones anteriores, el Gobierno presentó su propia denuncia penal, acusando a los manifestantes de cometer “actos violentos y antidemocráticos” con la intención de “inhibir y/u obturar de forma parcial o total la actividad legislativa”. Este es un método utilizado para justificar la brutalidad de las fuerzas de seguridad, que evidentemente tenían la consigna de disolver la protesta. La sesión no estuvo en peligro en ningún momento, ni el edificio del Congreso. La movilización transcurrió pacíficamente y la violencia visible en las imágenes se origina en los agentes de seguridad.
En su presentación, la ministra Alejandra Monteoliva solicita investigar a los manifestantes que, según ella, lanzaron piedras y objetos contundentes contra los efectivos, quienes, sostiene, solo buscaban “garantizar el orden y el ejercicio regular del derecho a manifestarse”.
El Ministerio de Seguridad pide indagar sobre delitos de atentado al orden constitucional, incluso mencionando actos de terrorismo. Esta estrategia ya fue implementada en febrero y en protestas contra la Ley Bases. En este caso, se solicita la captura de imágenes para imputar delitos. La denuncia fue radicada en el juzgado 7, de Sebastián Casanello, aunque María Servini la subroga.
El CNPT expresó su “preocupación” por la denuncia presentada por autoridades nacionales contra manifestantes por un supuesto atentado al orden constitucional y democrático, así como por el encuadre de la denuncia bajo la normativa de la denominada Ley Antiterrorista. A través de un comunicado, el CNPT recordó que es deber estatal garantizar y proteger el derecho a la protesta y a la libertad de expresión, y que cualquier acción de las fuerzas de seguridad debe ajustarse a los estándares de derechos humanos, especialmente en lo que respecta a legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.
