Apenas tres semanas atrás, Milei envió a su canciller, Pablo Quirno, y al segundo al mando de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), José Lago Rodríguez, a una reunión cumbre organizada por el Departamento de Estado en Washington. Durante esta cumbre, Marco Rubio, titular del organismo, abogó por revisar la percepción del terrorismo, sugiriendo un cambio de enfoque tras 25 años de centrarse en el terrorismo islámico, y proponiendo la consideración del “terrorismo político” como un fenómeno emergente. Este discurso, según se ha interpretado, se refiere principalmente a la izquierda.
Rubio fue claro en su mensaje, mencionando ejemplos concretos como los Montoneros y los Tupamaros, alegando que el “terrorismo político” puede ser desmantelado, dado que ya lo fue en la historia. La estrategia propuesta se basaba en compartir inteligencia y coordinar las acciones de las fuerzas de seguridad. Esto llevó al diputado nacional Agustín Rossi a exigir a la Cancillería que aclare qué compromisos asumió Quirno en dicho encuentro, aunque se informó que la respuesta se demoraría al menos quince días hábiles.
Una semana tras la cumbre con el Departamento de Estado, el número dos del FBI, Andrew Bailey, arribó a Argentina, donde se reunió con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, además de visitar el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), un ente subordinado a la SIDE. Las imágenes de Bailey en Argentina se hicieron públicas diez días después, gracias a la cuenta oficial del FBI en redes sociales. Durante su visita, la agencia estadounidense proclamó que “defender la patria requiere fuerza más allá de nuestras fronteras”, al tiempo que mostraba fotos de Bailey con altos funcionarios argentinos.
Asimismo, José Lago Rodríguez también destacó en su cuenta de X la recepción en el Centro Contraterrorismo de Estados Unidos, estableciendo una relación que se remonta a 2003, tras los atentados del 11 de septiembre. Desde la SIDE, se intenta presentar al CNA, creado en octubre del año pasado en un contexto electoral favorable para Milei, como un modelo a seguir del centro contraterrorismo estadounidense. El CNA, según se sostiene desde la SIDE, es el primer centro de su tipo en la región y fue establecido en colaboración con el FBI.
Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), resalta que “la agenda antiterrorista es uno de los ejes principales de la política exterior del Gobierno, y hace al alineamiento con Estados Unidos e Israel”. Litvachky enfatiza que esta tendencia se encuadra dentro de las políticas de seguridad estadounidense, de las cuales Argentina busca formar parte, donde la migración y el terrorismo se transforman en cuestiones centrales. En este contexto, cualquier disidencia política en la región podría ser catalogada como terrorismo, entrelazándose con asuntos como el crimen organizado y el narcotráfico.
Claudio Pandolfi, docente en la licenciatura de Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), refuerza esta perspectiva al considerar que el discurso oficial podría catalogar injustamente a las protestas y manifestaciones como acciones terroristas, dada la anquilosada relación entre el gobierno estadounidense y el gobierno argentino.
La diputada nacional Myriam Bregman sostiene que la invocación del discurso antiterrorista se produce en un momento específico de movilización social en contra del gobierno de Milei. “La extranjerización y el sometimiento a Estados Unidos son la base de estas políticas que se usarán para perseguir opositores y criminalizar la protesta bajo el lema de ‘antiterrorismo’. Más aún, cuando la injerencia de EE. UU. en la región se ha incrementado, como se ha visto en casos como los de Venezuela y Cuba. Debemos estar atentos y repudiar esta situación; no es casual que haya una nueva cumbre entre autoridades del FBI y la SIDE justo después de una masiva movilización opositora en defensa de nuestra soberanía”, sostuvo Bregman, dirigente del PTS-FIT.
En este contexto, el lunes pasado, Milei logró sumar un nuevo aliado en su cruzada contra el terrorismo. Apenas horas después de que el presidente hablara acerca de la existencia de terroristas en las calles y universidades, el procurador interino Eduardo Casal firmó una resolución para unirse al CNA. De acuerdo al texto, el Gobierno había extendido una invitación al Ministerio Público para integrarse al centro en octubre del año pasado. Se destaca que Casal tardó casi diez meses en dar este paso, lo que ha sido recibido con satisfacción por aquellos que apoyan la gestión de Santiago Caputo al mando de la SIDE.
Casal decidió que los enlaces con el CNA serían los co-titulares de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), una entidad creada en 2018. Los designados son Juan Olima Espel y Armando Antao Cortez, siendo que Olima también se verá involucrado con la SIDE tras las reformas impulsadas por el presidente mediante un DNU.
Según el último informe público de la SAIT, hasta noviembre de 2022, existen 33 causas que podrían ser catalogadas como de terrorismo en la justicia federal, aplicando figuras legales que van del artículo 41 quinquies del Código Penal (que duplica penas) a otras como el 213 bis (que se refiere a imponer ideas mediante la fuerza o el temor) y el 306, que aborda el financiamiento del terrorismo.
En este sentido, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia en Comodoro Py para investigar y detener a quienes protestaron contra la denominada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, argumentando bajo el artículo 41 quinquies. Este tipo de acusaciones han sido empleadas previamente contra los detenidos que se manifestaron contra la Ley Bases en junio de 2024. El fiscal Carlos Stornelli ahora recurre a este marco judicial para procesar a quienes están detenidos por las protestas en torno a reformas laborales.
“Observamos una total sumisión del Ministerio Público y cierta permeabilidad entre los jueces hacia el mandato represivo del gobierno. El artículo 41 quinquies se refiere a hechos que provocan ‘terror en la población’. Lo que realmente aterroriza en las movilizaciones no es la gente que protesta y resiste; es el accionar de las fuerzas de seguridad disparando contra manifestantes, gaseando, golpeando y deteniendo a willy-nilly”, afirmó María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
Además de su enfoque contra la disidencia, Milei ha remitido su atención a las esferas académicas. En sus entrevistas, ha mencionado a Antonio Gramsci como una figura responsable de lo que él considera un “entrismo” en las universidades, sugiriendo que esto ha permitido que las universidades estén plagadas de terroristas. Según el presidente, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sería una de las impulsoras de esta estrategia, insinuando que la presencia de estudiantes extranjeros en las universidades contribuiría a este problema.
Agustín Laje, uno de los aliados más cercanos a Milei, también realizó una relectura del pensamiento de Gramsci, siendo él mismo la cara visible de la Fundación Faro, un think tank oficialista que busca proveer ideas al presidente en su esfuerzo por la “batalla cultural”. Hace unos días, Laje desempolvó la noción de una “campaña antiargentina” – un argumento que remonta a la retórica de la dictadura de 1978 – y con ello dotó de sustento ideológico al DNU contra la inmigración que firmó Milei.
Recientemente, la Fundación Faro también presentó un nuevo grupo de análisis orientado a temas de geopolítica y seguridad nacional, centrado en la idea del enemigo interno. Uno de sus integrantes, Federico Domínguez, celebró en redes sociales la visita de Bailey al CNA, indicando que “en un mundo donde las amenazas híbridas se multiplican, y donde los vínculos entre gobiernos de izquierda y el narcotráfico, así como los intentos de injerencia de potencias extranjeras, son significativos, estas cuestiones son fundamentales”. Esta declaración dejó entrever que, según la Fundación Faro, la conexión con Estados Unidos resulta prácticamente natural y, por ende, alejada de la idea de injerencia.
A lo largo de las dos últimas décadas, la guerra contra el terrorismo, promovida por Estados Unidos, ha demostrado cómo se ha habilitado la violación de la soberanía, junto con secuestros y torturas casi sin límites. Las organizaciones constituidas a mediados del siglo XX han evidenciado su impotencia frente a estos desafíos. La vulneración de los derechos humanos se ha tornado recurrente, y el actual panorama vuelve a amenazar con recrudecer esta situación.
Desde el CELS, la directora advierte que “estamos ante una orientación política muy peligrosa, que lleva toda la discusión a los márgenes de la justificación de la excepcionalidad. Lo más alarmante es la legitimación de la persecución política y la posibilidad de habilitar la vigilancia masiva y la transferencia de datos sin precedentes.”
