La revocación se oficializó a través del Decreto 716/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien fue el promotor de la norma original.
La decisión fue resultado de las negociaciones entre representantes del Gobierno y del sector de prácticos y pilotos, quienes habían fijado como punto clave la suspensión del decreto. Este acuerdo también contempló la reanudación inmediata del servicio, la creación de una mesa intersectorial para desarrollar un nuevo marco regulatorio y una reducción del 20% en las tarifas de practicaje y pilotaje.
El nuevo decreto establece que se suspende la aplicación del Decreto 690/2026 y que, mientras dure esta suspensión, regirán nuevamente en su totalidad las normas que habían sido derogadas, sustituidas o modificadas por dicha regulación.
Adicionalmente, se creó una Mesa de Trabajo compuesta por funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, junto con representantes del sector de practicaje y pilotaje. Este espacio buscará consensuar las bases para redactar una nueva regulación y definir el cronograma y metodología a seguir en las próximas semanas.
El decreto también instruye a las entidades involucradas a implementar las acciones necesarias para asegurar la continuidad del servicio de practicaje y pilotaje durante el proceso de revisión normativa.
El conflicto surgió tras la implementación del Decreto 690/2026, que tenía como objetivo introducir modificaciones en la prestación del servicio para reducir costos portuarios y fomentar una mayor competencia. Como respuesta, los prácticos, pilotos y baqueanos decidieron suspender el servicio obligatorio para las maniobras de ingreso y salida de embarcaciones en gran parte de la navegación comercial, lo que resultó en cerca de 200 buques demorados y generó pérdidas económicas en el sector.
En el momento crítico de la disputa, la Prefectura Naval Argentina instó a más de 500 profesionales a retomar sus labores mediante un edicto oficial que advertía sobre posibles sanciones y acciones penales en caso de incumplimiento.
La interrupción del servicio también perjudicó el funcionamiento del transporte fluvial y marítimo, dado que el practicaje y pilotaje son obligatorios en diversas zonas de navegación conforme a la Ley de Navegación N° 20.094. Finalmente, tras el acuerdo logrado con el sector, el Gobierno decidió suspender la aplicación del decreto y abrir un espacio de negociación para llegar a una nueva regulación.
