La iniciativa pertenece a la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi y se enmarca en el proyecto C20+, que busca disminuir la dependencia de fuentes continentales de agua dulce. El plan prevé desalinizar agua del océano y conducirla a través del desierto de Atacama hasta las instalaciones mineras.
El sistema fue diseñado para producir y transportar hasta 1.050 litros de agua por segundo. Sin embargo, la obra también quedó bajo revisión judicial debido a los posibles impactos ambientales de la captación de agua marina y la descarga de salmuera.
El trayecto se inicia en Puerto Patache, en la Región de Tarapacá, donde se proyecta construir la planta desalinizadora. Allí, el agua oceánica será tratada mediante ósmosis inversa, un proceso que separa las sales y permite obtener agua apta para uso industrial.
Después del tratamiento, el agua será impulsada por un ducto de unos 195 kilómetros hasta Ujina, donde están las instalaciones mineras de Collahuasi. Uno de los principales retos es salvar la diferencia de altura entre la costa y la mina, que se encuentra a aproximadamente 4.400 metros sobre el nivel del mar.
Para cubrir ese desnivel, la infraestructura contará con cinco estaciones de bombeo y una estación de transferencia capaz de almacenar cerca de 49.500 metros cúbicos de agua. También incorporará una turbina Pelton, que permitirá recuperar parte de la energía gracias a la diferencia de altura a lo largo del recorrido.
La desalación permite obtener agua dulce sin recurrir a ríos ni acuíferos, pero también produce residuos. Entre ellos está la salmuera, un flujo con una concentración de sales mayor que la del agua de mar, cuya descarga debe realizarse bajo controles ambientales.
La captación de agua marina y la disposición de ese residuo despertaron objeciones de organizaciones y comunidades costeras. Entre las inquietudes planteadas figuran los posibles efectos sobre el ecosistema marino y sobre las actividades tradicionales de la zona.
El 15 de mayo de 2026, el Segundo Tribunal Ambiental de Chile aceptó una reclamación de asociaciones indígenas de Caleta Chanavaya y dejó sin efecto la autorización ambiental favorable del proyecto. También dispuso que el Servicio de Evaluación Ambiental examine nuevamente varios aspectos, incluidos los posibles impactos en el medio marino y la descarga hipersalina.
Las obras del sistema de impulsión comenzaron en 2022. En abril de 2026, Techint comunicó que había concluido los trabajos vinculados al sistema de bombeo.
La finalización de esa infraestructura, sin embargo, no implica que el proyecto completo opere a plena capacidad. La planta desalinizadora y el transporte efectivo del agua son etapas distintas y deben evaluarse por separado.
Una vez en funcionamiento, el sistema abastecerá a la minera con agua oceánica y reducirá el consumo de recursos hídricos continentales en una región afectada por la escasez. La obra constituye una apuesta de gran escala para sostener la actividad minera en el desierto, aunque aún debe afrontar los cuestionamientos ambientales que llegaron a la Justicia.
