La oposición se ha convocado para una sesión especial con el objetivo de conectar el debate en torno al megadecreto con los proyectos vinculados al endeudamiento y la discapacidad, iniciativas que contaron con el respaldo de 133 legisladores. El bloque de Provincias Unidas presentó el pedido y anticipó su deseo de alcanzar el quórum para el 15 de este mes.
En su intervención, Paulón comentó sobre cómo la decisión del órgano judicial influye en el marco regulatorio actual sobre la tenencia de tierras rurales. El legislador subrayó que, tras la apertura de los registros de propiedad en las provincias, las restricciones que regulaban la adquisición de tierras por extranjeros se han vuelto obsoletas.
“Hoy no hay ley de tierras, ley de tenencia de las tierras rurales en Argentina. Por lo tanto, desde ayer, cualquier persona física, jurídica o Estado extranjero puede comprar la extensión de tierra que se le ocurra donde se le ocurra”, explicó Paulón.
El diputado mencionó que esta situación abarca no solo tierras agrícolas, sino también cursos de ríos, zonas fronterizas y áreas adyacentes a afluentes. Esto se extiende incluso al uso del agua para proyectos tecnológicos: “No hay ningún tipo de restricción”.
El legislador advirtió que mientras el Congreso no actúe, la actual situación generará efectos legales. “La ventana que se abrió con el fallo de la Corte está vigente y genera derechos adquiridos. No hay marcha atrás hasta que el Congreso encuentre una solución”, afirmó.
Para Paulón, la forma más efectiva de solución es que la Cámara de Diputados respalde el ya aprobado rechazo del Senado hacia el DNU. “Estamos a un solo voto de recuperar la ley de tierras”, enfatizó.
La discusión legislativa también contemplará iniciativas sobre endeudamiento y discapacidad. Los organizadores de la sesión buscarán mantener la posición unificada de los 133 legisladores que apoyaron esos proyectos durante la votación del decreto.
El diputado se mostró contrario a discutir únicamente la reintegración de la sección relacionada con las tierras, argumentando que ello implicaría reabrir el procesado legislativo, lo que complicaría el trámite. “Un debate sobre ese capítulo es una ley completa. Si tomamos la media sanción de la ley de inviolabilidad, habrá toda una discusión jurídica, ya que el Senado ha retirado ese capítulo”, indicó.
Paulón describió el tiempo que podría llevar este proceso, estimando entre un mes y medio a dos meses para reintegrar la legislación de tierras. “Podríamos hacerlo en 15 días, de manera automática, tras el rechazo del DNU”, aseguró.
El legislador también atendió las inquietudes de sus colegas aliados respecto a las normas que podrían quedar sin efecto si se rechaza el decreto en su totalidad. “El DNU 70 es antiguo, tiene casi tres años. El 80% de las normas que contiene ya caducaron”, remarcó.
Señaló que el vencimiento de los paquetes de emergencia fiscal y financiera está previsto para el 31 de diciembre de 2025, y que las disposiciones laborales fueron ya integradas en la reforma laboral. En cuanto a las medidas sobre reforma estatal, privatizaciones y reestructuraciones, mencionó que estas han sido incluidas en la Ley de Bases.
“Quedan vigentes tres o cuatro puntos del DNU. Propongo a la oposición que hagamos leyes específicas para esos temas, que son simples”, sugirió.
Entre los ejemplos que citó, mencionó los alquileres como una cuestión que podría solucionarse mediante una norma específica. “Es una ley de dos artículos: derógase la ley tanto, en forma. Eso se puede tratar rápidamente en el Congreso”, afirmó.
Al ser consultado sobre el interés del Gobierno en mantener el DNU, Paulón opinó que el decreto tiene un componente político que va más allá de los artículos que aún podrían permanecer en vigor.
“Símbolicamente, es fundamental del DNU. Recuerda que el DNU abarcaba 300 materias modificadas, 70 leyes derogadas o alteradas”, mencionó.
El legislador subrayó que el debate no debería depender de la afinidad con el contenido de cada disposición. “A algunas personas les podrían parecer razonables ciertas medidas del DNU 70. Sin embargo, un decreto de necesidad y urgencia que abarca 300 temas, ¿qué sucedería si un gobierno de otro signo político hiciera lo mismo?”, cuestionó.
Paulón aclaró que mantendría la misma postura frente a administraciones de diferentes signos políticos. “Lo habría criticado si fuese un decreto del Frente de Izquierda, de Unión por la Patria o de Milei”, aseguró.
“No se puede incluir 300 temas, que es la firma del presidente, en un solo decreto. Eso no es un debate democrático. No puedes modificar 300 materias o eliminar 70 leyes que fueron discutidas democráticamente en el Congreso”, concluyó el diputado de Provincias Unidas.
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