De acuerdo a lo indicado por fuentes cercanas a la conducción universitaria, las discusiones siguen vigentes y algunos sindicatos están realizando consultas internas antes de definir su postura final ante la propuesta del Gobierno.
“El objetivo es que se establezca un esquema inclusivo que abarque a todos los actores involucrados”, dijeron desde las casas de estudio. Asimismo, señalaron que “hay gremios que aún están en consultas y que tomarán una decisión esta mañana, pero el acuerdo podría anunciarse hoy”.
El borrador que se encuentra en discusión entre el Gobierno y las universidades contempla una recomposición salarial total del 24,33% para docentes y no docentes. La propuesta incluye un aumento del 21,33% en junio, aplicado sobre los salarios vigentes en mayo de 2026, y un incremento adicional del 3% en octubre, considerando los haberes de septiembre.
Esta actualización busca no solo saldar el atraso acumulado durante 2025, sino también compensar la inflación registrada hasta mayo de este año y proporcionar un incremento adicional para recuperar parte del poder adquisitivo perdido.
Además, el acuerdo establecería que las paritarias universitarias se convoquen al menos cada tres meses, una demanda histórica de los sindicatos del sector.
La propuesta en análisis no se limita únicamente a los salarios. También incluye un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026. A esto se suma un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios y un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
A pesar del progreso en las negociaciones, el conflicto por el financiamiento universitario no se resolverá por completo. Las universidades continuarán con su reclamo judicial ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el Gobierno sostiene que revisará el esquema de partidas en el marco del debate del Presupuesto 2027.
Se ha informado que en la Casa Rosada buscan presentar el acuerdo con las universidades y los gremios como una herramienta para reducir el conflicto salarial que afecta al sector, pero sin renunciar a la discusión más profunda sobre el financiamiento.
El Ejecutivo argumenta que la Ley de Financiamiento Universitario actual eleva el gasto público sin implementar una fuente específica de recursos para cubrirlo, y por esta razón considera que la discusión debe enmarcarse dentro del contexto del Presupuesto nacional.
Con esta perspectiva, el Gobierno planea volver a promover cambios en el financiamiento universitario durante el debate del Presupuesto 2027, entendiendo que esta instancia permite ajustar el costo fiscal del sistema universitario junto a otras prioridades del Estado.
Este enfoque oficial se sitúa en un contexto de ajuste de las cuentas públicas: hace poco más de un mes, la administración de Javier Milei llevó a cabo una reestructuración presupuestaria cercana a los $2,5 billones que incluyó recortes en educación, universidades, obras públicas y otros programas, todo con el fin de mantener el equilibrio fiscal.
