El máximo tribunal emitió una aclaración destinada a la ciudadanía con el objetivo de “despejar dudas” que surgieron a raíz de la sentencia, y subrayó que en este caso “solo se decidió un aspecto procesal”, relacionado con la legitimidad de una organización para solicitar una medida cautelar.
En el comunicado, la Corte sostuvo que la decisión “se ajusta estrictamente a todos los precedentes” del tribunal y no afecta a las medidas cautelares que se tramitan en otros tribunales con el mismo propósito. Además, aclaró que el fallo no obstruye la posibilidad de que cualquier persona que considere inconstitucional el régimen legal de tierras pueda solicitar una medida cautelar, la cual será analizada por el juez competente.
La Corte también enfatizó que los grupos de interés que presionan sobre este tema pueden optar por el camino de los reclamos judiciales, lo que en una democracia resulta más adecuado que la promoción de discursos de odio en las redes sociales.
Asimismo, reafirmó que la sentencia no impide la actuación del Congreso en la discusión de este aspecto del DNU 70/2023, recordando que la norma fue rechazada por el Senado el 14 de marzo de 2024 y se encuentra en revisión por la Cámara de Diputados.
El tribunal reiteró que aún no ha tomado una decisión sobre el fondo de la cuestión, es decir, la autorización de la venta de tierras a extranjeros sin límites, y precisó que se expedirán cuando lleguen los reclamos correspondientes.
El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, se fundamentó en una cuestión procedural al declarar la falta de legitimación del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) para iniciar una acción colectiva contra el artículo del DNU 70 que habilitó la venta de tierras a extranjeros sin restricciones. Sin embargo, la condena reactivó la posibilidad de venta a extranjeros de cualquier territorio nacional, lo que había llevado al Gobierno a retirar un proyecto relacionado debido a la presión social.
En este contexto, luego de la polémica surgida tras la utilización de la bandera de Malvinas en el Mundial, Milei modificó su discurso para posicionarse como defensor del reclamo de soberanía y presentó un proyecto de Ley de Soberanía ante el Congreso.
La decisión de la Corte ha incentivado al Poder Legislativo a buscar una sesión especial en Diputados con el fin de anular definitivamente el DNU 70/23, que ya fue rechazado en el Senado.
Finalmente, la Corte reafirmó su compromiso con la claridad en su comunicación para aclarar que las controversias en torno a la ley de tierras, específicamente el artículo 154 del DNU 70/2023 y la vigencia de la ley 26.737 sobre la protección del dominio nacional en tierras rurales, no han sido resueltas. El tribunal espera pronunciarse sobre este tema en el momento en que lleguen los reclamos apropiados.
