El informe ha sido presentado al Congreso de la Nación, órgano al que el organismo de control se encuentra subordinado, así como al ministro de Economía, Luis Caputo. Cabe mencionar que, tras la reorganización del Estado dispuesta por el gobierno de Javier Milei, las funciones de los anteriores Ministerios del Interior, Obras Públicas y Vivienda, así como de Desarrollo Territorial y Hábitat, fueron trasladadas al Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana.
La AGN no dudó en señalar “fallas estructurales en el diseño, la planificación y la evaluación de los programas de construcción de viviendas ejecutados entre 2017 y 2022”, dejando en claro las deficiencias de la gestión.
El informe establece que el Estado nacional incurrió en gastos que superan los 276.868 millones de pesos (aproximadamente 4.210 millones de dólares al tipo de cambio oficial) para programas habitacionales, sin disponer de información de calidad que respalde tales decisiones, careciendo de planes estratégicos definidos y sin mecanismos para evaluar si se alcanzaron los objetivos propuestos.
La auditoría abarcó el período desde el 1° de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2022, lo que incluye dos presidencias y diferentes estructuras ministeriales.
Durante la administración de Mauricio Macri, los programas estaban bajo la supervisión del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, dirigido por Rogelio Frigerio. Con la llegada de Alberto Fernández el 10 de diciembre de 2019, se produjo una división en esa cartera, creando el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que tuvo tres titulares sucesivos: María Eugenia Bielsa (diciembre de 2019 – noviembre de 2020), Jorge Ferraresi (noviembre de 2020 – noviembre de 2022) y Santiago Maggiotti (noviembre de 2022 – diciembre de 2023). El trabajo de los auditores se realizó entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024.
Los auditores analizaron cinco programas y sus subprogramas, como Habitar Comunidad, Autoconstrucción de Viviendas Participativa Cáritas y Habitar la Inclusión. En cuanto al gasto, este se incrementó significativamente, pasando de $15.164 millones en 2017 a $113.261 millones en 2022, con un notable salto en 2021, cuando el Programa Producción Integral y Acceso al Hábitat gastó $84.323 millones.
El primer hallazgo de la AGN se refiere a la falta de un diagnóstico claro, ya que los auditores comprobaron que “no surge evidencia de que los entonces Ministerios del Interior, Obras Públicas y Vivienda y Desarrollo Territorial y Hábitat hayan utilizado información de diagnóstico de calidad para diseñar y planificar los Programas de Construcción de Viviendas durante el periodo auditado”.
El organismo auditado alegó que el diagnóstico lo realizaban las entidades ejecutoras que presentaban proyectos, y mencionaron que consideraban documentos de diagnóstico a los reglamentos y manuales de ejecución de programas. Sin embargo, los auditores rechazaron esta interpretación, señalando que dicha documentación corresponde a proyectos específicos y no a un análisis previo para el diseño de programas.
Este problema se ve agravado por la falta de actualización de las estadísticas. Al momento de diseñar los programas, el único censo disponible era el de 2010. El Observatorio Federal Urbano (OFU), instituido en 2017 para generar y difundir información sobre déficit habitacional, tampoco se utilizó para definir prioridades. El informe destaca que no hubo evidencia de colaboración con el organismo durante el período analizado.
Los datos sobre el déficit habitacional presentados por los propios ministerios eran inconsistentes. Por ejemplo, el Informe de Gestión 2016-2019 de la Secretaría de Vivienda indicaba que había 3.500.000 hogares en déficit, mientras que el Observatorio Federal Urbano señalaba 4.000.000. Ninguna de las cifras contaba con un respaldo documental que las sustentara.
En un segundo análisis, los auditores remarcaron la inexistencia de una estrategia de planificación. La AGN determinó que “no surge evidencia de la existencia de un Plan Estratégico Institucional ni de una Planificación Operativa de los Programas de Construcción de Viviendas” en ninguno de los dos ministerios durante el periodo examinado.
Los responsables remitieron la normativa de creación de los programas cuando se les consultó sobre planificación estratégica, algo que los auditores consideraron insuficiente para cumplir con dicho objetivo. La conexión que se evidenció fue solo parcial, en relación a la alineación de algunos objetivos de programas con metas presupuestarias, lo que no substituye una planificación integral.
Un tercer hallazgo revela que, aunque existían indicadores por escrito, carecían de la información mínima necesaria para ser aplicados. Las normativas de los programas incluían indicadores como la cantidad de viviendas concluidas o proyectos ejecutados, pero “no se especificó para ninguno de ellos la fuente de información, método de cálculo, periodicidad de medición ni línea base”.
Los auditores también advirtieron que esos indicadores estaban más orientados a la evaluación presupuestaria que a medir el impacto real de las políticas.
Por otro lado, el Programa Reconstruir no estableció indicadores en su Reglamento Particular, incluso cuando se estimó que debía intervenir en 55.000 viviendas paralizadas o abandonadas.
El cuarto hallazgo, consecuencia de la falta de indicadores adecuados, fue la inexistencia de un monitoreo efectivo. El informe de gestión de la Secretaría de Vivienda de noviembre de 2019 reconocía la necesidad de desarrollar una estrategia de monitoreo desde 2015, pero este plan nunca se llevó a cabo.
Durante las entrevistas, funcionarios del área confirmaron que no se realizaron evaluaciones y que los indicadores utilizados estaban relacionados únicamente con el presupuesto. Un ex funcionario advirtió que no existe, de manera institucional, un organismo encargado de evaluar las políticas públicas. Otro funcionario complementó, afirmando que no se implementó un monitoreo sistemático ni se utilizaron los indicadores disponibles para medir el impacto.
El sistema informático “Habitans”, mencionado como herramienta de seguimiento, fue descartado por los auditores, ya que su función está limitada a la supervisión de proyectos individuales y no permite un análisis de programas como políticas públicas.
Dichos ministerios eran responsables de cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de la Agenda 2030 de la ONU, que busca lograr ciudades inclusivas y sostenibles. La AGN observó que “no hay evidencia de que los ministerios llevaran a cabo el proceso de vinculación con los Programas de Construcción de Viviendas acorde a los principios de la Agenda 2030”, lo que dificulta evaluar si este procedimiento fue participativo o incluyó una perspectiva de género.
El indicador asignado por Argentina para medir la meta del 11.1, que busca garantizar el acceso universal a viviendas adecuadas, partía de una línea base del 6%, según el censo de 2010, y tenía como meta intermedia un 3% para 2019. Al cierre de ese año, no se registró avance, y en 2020 se repitió sin asignación de valor, y en 2021 y 2022, el indicador fue eliminado de la programación presupuestaria.
Cuando los auditores solicitaron información al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) sobre la metodología de vinculación con la meta, se les indicó que dicha información debía ser proporcionada por el ministerio responsable, el cual tampoco aportó la documentación pertinente.
La AGN envió el informe al organismo auditado para que formulase observaciones. Tras superar el plazo inicial sin respuesta, se reiteró el pedido, obteniendo al fin una respuesta de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Economía. Esta mencionó que los programas indicados superaban sus competencias, refiriéndose a los anteriores ministerios sin ofrecer comentarios adicionales sobre los hallazgos.
Entre las recomendaciones emitidas por la AGN se encuentran el diseño de mecanismos de diagnóstico previos, articulación con provincias y municipios, creación de indicadores medibles con línea base, institucionalización del monitoreo y evaluación de programas, documentación del proceso de vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la inclusión de categorías presupuestarias para rastrear el gasto destinado.
